Por agresiones

La noticia, si la han seguido día a día, ha ido contaminándose de un cierto rumorear urbano hasta hacerla irreconocible. Lo que primero fue una concentración legal frente al Ayuntamiento, de unas dos mil personas que, una vez terminada, la quisieron seguir unos cientos hasta donde se decía que estaba la alcaldesa, en la iglesia de Santo Domingo, para protestar contra ella en las puertas de la misma, cierto que durante un acto religioso, y cierto también que alguno zarandearía a alguien de la comitiva que salió por su puerta trasera, se ha ido transformando en una versión donde primero algunos llegan a entrar en el templo, luego ya es una turba la que se mete dentro y hasta he oído que esa marabunta estuvo a punto de agredir al obispo. Si ven las imágenes, la entrada a la iglesia estaba protegida por un cordón policial, de modo que si alguien hubiese entrado gritando estaría cometiendo, allí mismo, un delito (art. 523 Código Penal) por perturbar una ceremonia religiosa dentro del lugar de culto. ¿Se está diciendo que la Policía permitió un delito delante de sus ojos? Más bien, dudo que nadie entrara gritando. En la primera versión se dice que las agresiones se producen antes de que se forme otro cordón policial a la entrada de la calle Sopranis, pero es ahí donde detienen al italiano. ¿Realizó allí otra agresión distinta, o se le detiene por alteración del orden? No digo que no existieran, pero en un juicio hay que identificar perfectamente quién las hizo. Hasta aquí las dudas que resolverá el propio proceso judicial, que debiera ajustarse a la proporcionalidad de los hechos. No sé si el enjuiciamiento penal lo admite, pero me parece apropiado que, con una Unión Europea consolidada, un ciudadano italiano gozara de la misma confianza en que no va a evadirse que uno español.

Permítanme algunas consideraciones políticas. No entiendo que, también «en día tan señalado» como la Fiesta Nacional, sea admisible abuchear al Presidente del Gobierno, como acto de libertad de expresión, y hacerle lo mismo a la alcaldesa se considere una agresión intolerable. Si el hecho está mal, lo estará para todos, no sólo si lo hace el enemigo político. Por lo mismo, no comprendo la diferencia de criterios para juzgar hechos similares. Cuando las protestas por Astilleros, en 1995, la alcaldesa participó en un mitin en las proximidades de la sede socialista de San Antonio, que terminó siendo asaltado horas después de terminado ese acto, y Martínez eximió entonces su responsabilidad precisamente porque su acto de protesta había terminado. Ahora, ella misma se la exige a los organizadores de la protesta contra el maltrato de animales, aunque ese acto también había ya terminado. Si tenía razón entonces no puede defender ahora lo contrario. Y, finalmente, ya dije cuando se agredió al ministro Bono que quienes frivolizaron entonces, quitándole importancia a ese hecho, y presentando como héroes a aquellos alborotadores «buenos», estaban sembrando un mal ejemplo. Otra vez se reprocha a los demás lo que uno mismo no cumple.

Una aclaración también sobre la razón de la protesta. Se ha conseguido que ya no se hable de eso. Allí se convocó a ciudadanos gaditanos para que protestaran ante SU Ayuntamiento porque éste sigue remitiendo animales a una perrera procesada por maltrato animal. Si, además, lo hacen otros quince Ayuntamientos será oportuno que también los ciudadanos de esos municipios se opongan en cada caso. Parece como si el mal de muchos excluyera la responsabilidad propia. No comparto que Cádiz diga que no tiene otra solución al problema de los animales abandonados porque esa es la única empresa autorizada. Si hay voluntad, ese servicio lo debe asumir el propio Ayuntamiento, o mancomunarlo con otros municipios, o firmar un convenio con veterinarios. ¿Hay voluntad?