Zapatero pedirá hoy a Ibarretxe un acuerdo entre los vascos antes de proponer su plan

Juan José Ibarretxe carece de crédito en el Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que ni siquiera concede a su hoja de ruta para la consulta popular la categoría de «propuesta» política; como mucho es una «idea». Una idea que no tiene ninguna posibilidad de ser una realidad, por una razón tan sencilla como definitiva: es «ilegal» y, como consecuencia, no se hará.

A menos de veinticuatro horas de que el lehendakari acuda hoy a La Moncloa para explicar de viva voz sus planes, el jefe del Ejecutivo anunció en el Foro ABC que, «correcta y formalmente», aconsejará al presidente autonómico que antes de buscar un nuevo pacto entre el Estado y el País Vasco, con el que pretende garantizarse el derecho de autodeterminación, logre un acuerdo entre vascos. Le dirá que, amén de ilegal, su planteamiento de referéndum tiene un defecto de base: que es unilateral y que no cuenta con la pluralidad de la sociedad vasca. Una sociedad que, a su juicio, tiene dos prioridades: el fin del terrorismo y un acuerdo político transversal que dé al autogobierno vasco -«ya elevado», apostilló- mayor estabilidad.

Rodríguez Zapatero remarcó que no hay posibilidad alguna de que la consulta popular anunciada por el dirigente vasco el pasado 28 de septiembre en el Parlamento de Vitoria se concrete. «Ninguna consulta ni iniciativa se hace ni se hará en este país que no respete la legalidad constitucional», subrayó.

El presidente del Gobierno sostiene que la mejor forma para hacer frente al órdago de Ibarretxe es mantener el sosiego, una receta que, en los últimos tiempos, defiende con ahínco como antídoto universal. Su tesis es que el único objetivo del lehendakari es afianzar su posición en el PNV con vistas a las próximas elecciones generales («y quién sabe si a unas elecciones en Euskadi»). Nada peligroso, a juicio del Ejecutivo, si se maneja con inteligencia, serenidad y respeto institucional como se hizo en su momento con el plan Ibarretxe, admitido a trámite en el Congreso contra el criterio del PP y tumbado después en su primer debate en pleno.

«Podemos discutir sobre el autogobierno, pero nunca sobre algo que no esté en la Constitución», previno el jefe del Ejecutivo. En sus planes no entra que el lehendakari quiera llevar la iniciativa hasta sus últimas consecuencias. Es más, se niega incluso a plantearse el escenario de un PNV reforzado en las urnas y con su proyecto vigente después de marzo.

Descalabro electoral

«La experiencia indica que no será así porque el descalabro electoral provocado por el plan Ibarretxe en 2005 fue considerable», argumentan fuentes gubernamentales. De ahí que el presidente del Gobierno minimice el riesgo. En cualquier caso, insistió en que España cuenta con un sistema constitucional «que ha demostrado su fuerza de manera virtuosa».

«El lehendakari no puede hacer algo para lo que la ley no le habilita, del mismo modo que yo no puedo nombrar a los consejeros del Gobierno vasco», dijo Rodríguez Zapatero. Lo que sí descartó, una vez más, fue la aplicación de medidas excepcionales como la suspensión de la autonomía vasca, contemplada en el artículo 155 de la Carta Magna al que apeló en un artículo el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra.

Zapatero, que quiso hacer gala durante todo el coloquio del Foro ABC de su «talante» y de su nuevo estilo basado en la «serenidad» y el «sosiego» -palabras que repitió varias veces en su intervención-, subrayó que, en cualquier caso, el Gobierno quiere «mantener un buen diálogo» y una buena relación con el Ejecutivo vasco y con el PNV. «Así ha sido con Josu Jon Imaz y espero que sea con el próximo presidente» del partido.

El jefe del Ejecutivo realizó una encendida defensa del Estado autonómico. «En su ADN está el principio de cohesión -argumentó- mucho más que en el Estado centralista». Según él, reconocer el sentimiento identitario es una tarea que debe abordar todo gobierno y ayuda a la convivencia. «Algún día habría que revisar esa idea de que cuanto más se da más se pide y hacer un balance objetivo porque a quien más ha beneficiado este sistema es a las comunidades autónomas y a las regiones con menor riqueza y menor crecimiento», concluyó.