El Constitucional tardará unos siete meses en decidir si admite el recurso de Cantarranas
Los propietarios de los cuatro chalés construidos en suelo no urbanizable en el diseminado de Cantarranas, estiman que el Tribunal Constitucional (TC) puede tardar de cinco a siete meses en aceptar a trámite o no el recurso de amparo presentado ayer por sus representantes legales con el fin de obtener la imposibilidad jurídica de la ejecución de una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 1998, que fue ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo.
Actualizado: GuardarEl recurso de amparo considera que la ejecución del fallo judicial es susceptible de conculcar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas, consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución, que debe prevalecer ya que «tiene que caracterizarse precisamente por quedar inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública».
Además, el recurso hace mención al acuerdo plenario alcanzado por el Ayuntamiento por el que se compromete a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de modo que posibilite la regularización de los cuatro unifamiliares. En este sentido, según indicó la defensa, sería «procedente» la fijación de una indemnización sustitutoria, apelando a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, en aras de la «prohibición de la indefensión», los recurrentes solicitan la suspensión urgente de la resolución del TSJA, que desestimó las alegaciones presentadas por los propietarios el pasado 4 de septiembre.
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