Los vecinos de Cantarranas estiman que el TC puede tardar "unos siete meses" en admitir o no su recurso de amparo

Los propietarios de los cuatro chalés construidos en suelo no urbanizable en el diseminado de Cantarranas, en El Puerto, estiman que el Tribunal Constitucional (TC) puede tardar "de cinco a siete meses" en aceptar a trámite o no el recurso de amparo presentado hoy por sus representantes legales con el fin de obtener la "imposibilidad jurídica" de la ejecución de una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 1998, que fue ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo.

El recurso de amparo, al que tuvo acceso Europa Press, considera que la ejecución del fallo judicial es susceptible de conculcar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas, consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución, que "debe prevalecer" ya que "tiene que caracterizarse precisamente por quedar inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública".

Además, el recurso hace mención al acuerdo plenario alcanzado por el Ayuntamiento portuense, por el que se compromete a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de modo que posibilite la regularización de los cuatro unifamiliares, lo que "responde a las exigencias del interés general y sin que, por tanto, se ocasione lesión a los derechos subjetivos consolidados en el patrimonio jurídico de algún afectado".

En este sentido, indicó que sería "procedente" la fijación de una indemnización sustitutoria, apelando al artículo 105.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de abril de 2004, relativa al asunto Gorraiz Lizarraga).

Por ello, en aras de la "prohibición de la indefensión", los recurrentes solicitan la "suspensión urgente" de la resolución del TSJA, que desestimó las alegaciones presentadas por los propietarios el pasado 4 de septiembre, decretando la demolición de las cuatro viviendas. SIES O SIETE MESES DE ESPERA.

Por su parte, uno de los propietarios afectados, Diego Llopis, se mostró "esperanzado" en que el TC admita a trámite su recurso, aunque esto podría tardar "seis o siete meses" y, si lo admite, "tardaría seis o siete años en dictar sentencia", aunque la demolición quedaría paralizada entretanto.

En caso contrario, Llopis aseguró que recurrirían a Bruselas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque "llevamos con pleitos desde 1994 y vamos a luchar hasta el final" porque "uno trabaja en la vida por su familia y su casa y, si le quitan uno de estos pilares, se queda cojo".

Diego Llopis vive desde hace más de tres meses en una tienda de campaña instalada en el jardín de su vivienda, ya que es la única parte de su parcela que el Tribunal Supremo considera legal y, por tanto, habitable.