El Gobierno tendrá que decidir si acepta un centro 'off shore'

Crecido como sustituto económico tras la enorme reducción de la base naval británica en las dos últimas décadas, el centro financiero -que es una red de compañías operando en condiciones fiscales ventajosas- ha sido calificado a menudo por gobiernos españoles como un sumidero de empresas dedicadas al delito.

No han sido los únicos. John Christensen estima, en A Game as Old as Empire (Un juego tan viejo como el imperio) que la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales, «al menos en papel». Hay 72 en todo el mundo; de ellos, 35 están vinculados, como Gibraltar, a la Corona británica y la City de Londres.

La discusión es tan vieja también como el imperio. Keith Azzopardi, abogado gibraltareño, decía esta semana: «La diferencia entre off shore y on shore no existe. En Londres se hace lo mismo que aquí. No hay diferencias entre Luxemburgo y Gibraltar. Lo esencial es si hay adecuadas regulaciones o no».

Christensen, que promueve la Red de Justicia Fiscal, argumenta que los paraísos fiscales están diseñados específicamente para la evasión por los más ricos y que el lenguaje leguleyo -es común escuchar en Gibraltar que los críticos del paraíso no entienden «la flexibilidad de la ley consuetudinaria para la planificación fiscal».

El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Montes de Oca, es un entusiasta del proceso creado con el Acuerdo de Gibraltar -«al fin se hace política de población más que de territorio»- y dice que comprende que los gibraltareños, que habitan un espacio de siete kilómetros cuadrados, tienen que encontrar alternativas para su economía.