La CNMV no intervino Gescartera en 1999 porque los clientes «respaldaban» a los acusados

La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) decidió no intervenir Gescartera en abril de 1999 porque no había "certeza" del agujero patrimonial y porque, frente a las sospechas de un desfase de más de 1.000 millones de pesetas, los clientes apoyaban las excusas de los responsables de la sociedad.

Entre ellos, según ha relatado el antiguo consejero de la CNMV, José Manuel Barberán, se encontraba el Arzobispado de Valladolid, cuyo ecónomo Rafael Peralta, ante el desfase encontrado de 30 a 1.076 millones de pesetas por la CNMV, dijo que corroboraba la versión de los apoderados de Gescartera, con Antonio Camacho y José María Ruíz de la Serna a la cabeza.

La técnica de los apoderados de Gescartera, según Barberán, consistía en decir que había dos tipos diferentes de cuentas, "unas con capacidad y otras sin capacidad de disposición", para intentar engañar a la CNMV y "operar por encima del saldo de los clientes", hecho "prohibido" por el regulador.

Bajo esta estrategia, el ecónomo Peralta comunicó, finalmente, a la CNMV, como consta en documentos que obran en el sumario, que "el saldo en gestión ascendía a 1.105 millones de pesetas desglosado en 1.075 millones como cuenta comprometida en gestión y 30.831.379 pesetas en una cuenta de liquidación".

"No había certeza" del desfase patrimonial

La investigación abierta en los meses anteriores desembocó en un informe del director de supervisión, David Vives, presentado ante el Consejo de la CNMV, que hubo de deliberar, en abril de 1999, según Barberán, sobre la intervención de Gescartera, aunque el secretario del consejo José Antonio Alonso Ureba especificó que sólo se habló de "medidas cautelares" como que los responsables de Gescartera se abstuviesen de realizar operaciones contra la cuenta "omnibus", realizar operaciones de futuros por encima del saldo de los clientes o no captar nuevos inversores.

En la reunión del consejo de la CNMV, según fuentes jurídicas, tanto Pilar Valiente -posteriormente elegida presidenta del organismo regulador-, como los consejeros Luis Ramallo y José María Roldán se mostraron en contra de esta medida drástica, al igual que el secretario Alonso Ureba, mientras que Barberán y Fernández Armesto dieron su opinión favorable.

Además, al final del encuentro, el subgobernador de Banco de España, Miguel Martín, y el presidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto, preguntaron a Vives si estaba seguro del desfase patrimonial, a lo que el director de supervisión indicó textualmente: "certeza, certeza, no tengo".

"Como no había certeza, se decidió no intervenir" y "no echar balones fuera" con una denuncia a la Fiscalía, relató Barberán a preguntas de las acusaciones populares y particulares, que pidieron la responsabilidad civil subsidiaria de la CNMV -rechazada en varias ocasiones por la Audiencia Nacional-.

La CNMV decide intervenir en 2001

Tras esta reunión de abril de 1999 y las quejas de Gescartera a través de la entidad Bankinter, Vives renuncia a la investigación "por si puede ser un obstáculo" y, según lo expresado por los testigos, la labor del expediente pasó a Antonio Botella, director de la Unidad de Vigilancia de Mercados (UVM), quién cerró este expediente en 1999 al justificar Gescartera este "descuadre" con una documentación de La Caixa, que acreditaba la existencia de tres cheques por más de 4.000 millones de pesetas (24,04 millones de euros).

Posteriormente, los apoderados de Gescartera siguieron aportando otros documentos sobre la constitución de una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) en Luxemburgo, para intentar certificar el dinero de los clientes, a través de otro documento bancario de La Caixa con el nombre "Cuenta Internacional Clientes Gescartera".

En el año 2000, además de obtener su cambio de Sociedad de Gestión de Carteras (SGC) a Agencia de Valores (AV), Gescartera presenta otros documentos bancarios para intentar acreditar el saldo de los clientes. Sin embargo, en esta ocasión, Antonio Botella decide cotejar los datos con las entidades bancarias y, finalmente, en junio de 2001, se decide finalmente intervenir la sociedad, con un agujero patrimonial de 50 millones de euros.