La justicia ordena el embargo de 1.823 millones a tres directivos de Afinsa

La justicia estrecha cada vez más el cerco sobre los antiguos responsables de Afinsa y Fórum Filatélico, quienes parecen abocados a sentarse en el banquillo de los acusados -seguramente en 2009, ya que se espera que la instrucción de la Audiencia Nacional concluya antes de un año- por una posible estafa de 6.203 millones de euros a unos 460.000 inversores. El último golpe lo han recibido los tres principales directivos de la primera, pero no ha llegado por la vía penal sino de la civil, donde sendos juzgados de lo mercantil de Madrid (números 6 y 7) tramitan los procesos concursales derivados del agujero financiero que arrastran ambas sociedades dedicadas a la compraventa de sellos.

La jueza Purificación Pujol ha ordenado el embargo «preventivo» de los bienes de Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa y propietario del 50% de las acciones; Vicente Martín Peña, consejero delegado, y Carlos de Figueiredo, consejero y ejecutivo de Escala Group, filial de la sociedad en Estados Unidos. Entre los tres deberían cubrir la suma de 1.823 millones de euros, es decir, el agujero financiero que, según los administradores actuales, dejaron en la compañía, con unos activos de tan sólo 613 millones de euros (muy lejos de los más de 2.500 millones que decían los anteriores gestores), que a duras penas cubrirían una cuarta parte de unas deudas cuantificadas en 2.436 millones.

Argumentos en contra

No obstante, esta decisión judicial tiene más fuerza argumental que efectividad práctica, ya que la Audiencia Nacional no ha sido capaz hasta ahora de localizar bienes cuantiosos vinculados a los acusados, pese a que sospecha que sí podrían ocultarlos bajo la identidad de testaferros o en el extranjero (sigue su rastro, al igual que en Fórum, por ocho paraísos fiscales). Lo que sí sirve es para acumular argumentos en su contra. Según la magistrada, los tres ejecutivos citados son «culpables» de la «insolvencia» de la empresa, que «presumiblemente» acabará con su liquidación por una situación de quiebra técnica «irrecuperable», hasta el punto de que estima que «no resulta posible plantearse, siquiera hipotéticamente», que sea viable.

Con un déficit patrimonial tan elevado y más de 190.000 clientes que hacen cola para recuperar sus inversiones (e incluso las elevadas revalorizaciones que se les prometieron y a la que pocos están dispuestos a renunciar), es sólo cuestión de tiempo que Afinsa quede finiquitada como empresa. La responsabilidad de ello, advierte la juez, debe recaer en la mala gestión de sus administradores anteriores (antes de que la justicia designara a tres nuevos para esclarecer las cuentas), a quienes considera «culpables» por incurrir en «irregularidades contables» y «descapitalización», además de «agravar» el mal estado económico de la sociedad o, al menos, hacer dejación de sus funciones al no solicitar el pertinente concurso de acreedores.

Sugiere la jueza Pujol que de haber iniciado ese proceso antes no sólo se habría recuperado más dinero, sino que incluso se podría haber salvado la propia empresa, aunque tampoco lo afirma. Y es que, advierte, las «irregularidades contables» encontradas son muchas y «presuntamente suficientes» para declarar lo que antes se conocía como suspensión de pagos. Como ejemplo, señala las transacciones entre Afinsa y su filial inmobiliaria (Oikia Real Estate), «a la que se aportaron importantes y numerosos inmuebles hasta entonces propiedad» de la primera para que después se los arrendase a la propia matriz filatélica, en una posible «descapitalización injustificada» del dinero invertido por los clientes.

Esta resolución judicial, sin embargo, no ha dejado contentos a casi ninguno. Como es obvio, no gusta a los tres acusados, porque supone una losa más sobre ellos al incrementar los «indicios» que la Fiscalía Anticorrupción esgrimirá en el juicio oral para lograr su condena. Pero tampoco convence a los acusadores, que en el caso del despacho de abogados Osorio&Asociados -autor de las primeras demandas civiles- recurrirá el auto para que el embargo cautelar se extienda también a otros responsables de Afinsa, como el copropietario de la misma, Albertino de Figueiredo, el ex consejero y asesor Tomás Olalde, y el secretario del consejo y responsable jurídico Joaquín Abajo.