Pisos vacíos

Los efectos son bien conocidos; en lo económico, la congelación de las rentas, unida a la prórroga forzosa del contrato, llevó a muchos propietarios a una situación insostenible, al tiempo que provocó la desaparición de un sector económico importante, como era el de la construcción de viviendas de alquiler.

En cuanto a las consecuencias urbanísticas, hasta hace unos años bastaba pasear por los centros históricos de nuestras ciudades, para darse cuenta de la degradación que estos habían sufrido como consecuencia de décadas de inexistencia de obras de conservación, a las que los propietarios se negaban dada la ausencia de la más mínima rentabilidad.

En 1985, el famoso Decreto Boyer liberalizó los arrendamientos con el propósito de sacar al mercado la gran cantidad de pisos vacíos existentes, pero como efecto indeseable produjo un aumento excesivo de las rentas y una gran inseguridad en el arrendatario, que veía impotente como cada año era obligado a firmar un nuevo contrato, con unas condiciones económicas mucho más gravosas que las que hubieran resultado de la mera prórroga del contrato vigente.

Por fin, con la Ley de 1994, parecía que se había conseguido el equilibrio entre los intereses de las partes. Al inquilino se le proporcionaba la estabilidad que demanda la vivienda familiar, reconociéndole una duración mínima, si quería, de cinco años, mientras que el propietario veía actualizarse su renta anualmente, pudiendo optar al final por resolver el contrato.

La experiencia nos dice que la oferta de pisos en alquiler se retrae cada vez que se toman medidas que penalizan económicamente a los propietarios, por eso en vez de hablar de subir el IBI a quien tiene su casa desocupada, deberíamos pensar en incentivar fiscalmente el alquiler para ambas partes.