Román tendrá que pagar la fianza más alta en el 'caso Malaya' para salir de la cárcel

Parece que la ley sonríe ahora a Pedro Román que ve cada vez más cerca su excarcelación. Eso sí, a cambio el ex primer teniente de alcalde de Marbella tendrá que abonar la fianza más alta del 'caso Malaya'; nada más y nada menos que un millón de euros. De esta forma, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha revocado parcialmente el auto de prisión preventiva dictado por el ex instructor del caso, Miguel Ángel Torres.

Pese a que la Fiscalía rechazó el miércoles la puesta en libertad tanto de Román, como de Juan Antonio Roca -al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas-, la Sala ha tenido en cuenta que se presentó voluntariamente desde Suiza al saber que tenía una orden de detención europea. Además, su disposición a colaborar con la Justicia parece haber sido otro punto a favor del que fuera mano derecha de Gil durante dos mandatos.

Sin embargo, la Audiencia estima que persiste en parte el riesgo de fuga, puesto que tiene dos condenas previas y otras causas pendientes. Aunque bien es cierto que con esta medida económica -la de mayor cuantía de las dictadas contra los procesados del 'caso Malaya'- la Sala respalda su decisión y crea que es suficiente para garantizar la presencia de Román ante el juez.

Respecto a la posibilidad de destrucción de pruebas -aspecto que su defensa ha utilizado para recordar que en el momento en el que se encuentra su cliente no existe riesgo alguno-, la Audiencia entiende que por el tiempo transcurrido no hay peligro.

La cuestión

La pregunta es cuándo saldrá Román de la prisión de Alhaurín de la Torre, donde permanece desde el pasado 2 de mayo. Su salida podría ser inminente, puesto que el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se encuentra hoy precisamente de guardia, lo que permitiría abonar la fianza. Aunque, por otra parte, y según sostiene su defensa, Román tiene impuesta una serie de medidas cautelares que le impedirían reunir tal cantidad de dinero en un breve plazo de tiempo, de forma que podrían ser sus familiares los que abonen la cifra de un millón de euros. Aunque es difícil cuantificar las causas en las que aparece el nombre de Román, la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 le condenó a un año de inhabilitación para ejercer cargo público, por negar a García Marcos información municipal, y la del 'caso Malaya' son especialmente simbólicas. Cohecho, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y fraude a la Hacienda Pública son los delitos por los que Román ha sido procesado y por los que aún tiene que dar cuenta ante un tribunal.

El requerimiento de la defensa que en su momento no atendió el juez Miguel Ángel Torres, es decir el que se tuviera en cuenta la actitud del ex concejal de colaborar en todo momento con la Justicia, ha surgido efecto en el dictado que emitió ayer la Audiencia de Málaga.