La ley obligará a los ayuntamientos a retirar los símbolos franquistas

La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada ayer por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las administraciones públicas para quitarles subvenciones si no lo hacen.

El proyecto de ley echó a andar en el Congreso después de siete meses de parálisis. Todos los grupos, con la oposición del PP y la abstención de ERC, respaldaron el informe de la ponencia y su texto, así como las enmiendas al mismo, que se debatirán el próximo miércoles en la Comisión Constitucional. El siguiente paso será el debate en pleno a final de mes y su posterior envío al Senado.

Entre las innovaciones introducidas en el proyecto figura que «las administraciones públicas», estatal, autonómica y municipal, «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil, y de la represión de la dictadura».

El proyecto gubernamental limitaba esta atribución a «los órganos de titularidad estatal», con lo que excluía a las autonomías y ayuntamientos. Una consecuencia de esta modificación es que los consistorios municipales, cuando se apruebe la norma, deberán cambiar los nombres de las calles con nombres vinculados al franquismo o a la Guerra Civil.

Otra de las novedades, «la nuclear» según el PSOE, es la declaración de «ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales que, durante la Guerra Civil, se hubiera constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones».

También se declara la ilegitimidad del «Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa». Declaración que se hace extensiva a «las condenas y sanciones» dictadas por estos órganos.

Sala Militar del Supremo

La aplicación de este apartado, siempre que se apruebe la ley y según la interpretación de IU y también de fuentes socialistas, es que, por ejemplo, la Sala Militar del Tribunal Supremo «no podrá invocar» la legislación franquista para rechazar la revisión o anulación de sentencias dictadas durante la dictadura o en la Guerra Civil.

Una tercera modificación es la creación de una fundación que deberá «honrar la memoria» de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la posterior represión política.