Bélgica empieza a ver la luz de un gobierno con el primer acuerdo entre los principales partidos

Después de 120 días de negociaciones infructuosas, los socialcristianos y liberales flamencos y francófonos, que trabajan para sentar las bases de una coalición de gobierno, han logrado al menos ponerse de acuerdo sobre uno de los informes sensibles sometidos a su estudio: la inmigración y la política de asilo.

En la madrugada de ayer, el flamenco Yves Leterme, de nuevo en funciones de constructor gubernamental tras el fracaso que cosechó el pasado agosto, pudo anunciar resultados concretos después de cuatro meses de desencuentros: que las dos familias políticas principales del país han decidido endurecer las condiciones para ser ciudadano belga. Los candidatos deberán hablar al menos una de las lenguas oficiales del reino (flamenco, francés o alemán) y tendrán que acreditar residencia continua en el país durante cinco años, como mínimo.

Socialcristianos y liberales reconocen la necesidad de la inmigración económica para mantener el crecimiento del país. A tal fin, será creada una especie de 'carta verde', que los ciudadanos procedentes de países terceros, ajenos a la Unión Europea, podrán utilizar para optar a un puesto de trabajo, en el caso de que la plaza no sea cubierta por belgas o por ciudadanos comunitarios.

El reagrupamiento familiar será objeto de restricciones: sólo podrán optar a él los familiares próximos de un inmigrante que cuente con un puesto de trabajo legal y remunerado. Los novios y novias de ese personal no podrán en ningún caso convertirse en titulares de derechos ante la Seguridad Social y se acelerará la tramitación de las demandas de asilo y de extradición.

El acuerdo ha sido inmediatamente criticado por la oposición socialista, la gran perdedora de las elecciones, y por los verdes. Elio di Rupo, presidente del PS (socialistas valones), considera que la fórmula puesta a punto no sirve para resolver el problema del paro en el sur y la escasez de mano de obra en el norte.

Buscar en el extranjero

Su correligionaria Laurette Onkelinx ha ido más lejos, al acusar a los negociadores de «ir a buscar trabajadores al extranjero, en lugar de dar empleo a nuestros parados, lo que disminuirá la presión sobre las empresas, especialmente en materia de formación».

La diputada 'verde' Tinne Van der Straete estima, por su parte, que el acuerdo abre la vía a «una legislatura de huelgas de hambre», en la medida de que, con la nueva formulación, «los abogados podrán agotar hasta el límite los recursos» (de los demandantes de asilo o de nacionalidad). «Los sin papeles -decía Van der Straeten- no son flamencos, de modo que no ha lugar, por lo que a los flamencos concierne, a la búsqueda de compromisos».

El acuerdo, por lo demás, no ha satisfecho a diversas organizaciones pro derechos humanos o a favor de la regularización y la libre circulación. Tiene una importancia simbólica, independientemente de sus virtudes y sus defectos: transmite la impresión de que el entendimiento es posible.

Pronto va a verificarse si el acuerdo de ayer es preludio de otros, sobre materias más enjundiosas que desemboquen en la formación de un Gobierno que acabe con la actual incertidumbre política.

Los negociadores tienen previsto retomar el muy complicado expediente del distrito electoral Bruselas-Hal-Vilvorde, que los flamencos quieren despiezar para desembarazarse de la cuña del bilingüismo en su territorio, a través de esta rara circunscripción electoral que faculta el voto en francés a cargos franceses en la periferia de la capital europea. Los valones se oponen, y exigen, para transigir, una extensión de la superficie de Bruselas a las comunas flamencas en las que el francés está consentido.

Hay líneas, tenues aún, para dibujar también un acuerdo en este tema, como que los ciudadanos concernidos por el despiece de la circunscripción voten en el otro territorio (Bruselas), pero el principio no es todavía aceptado por todas las partes.

En definitiva, Bélgica celebró elecciones legislativas el 10 de junio pasado y desde entonces los cuatro partidos que están negociando actualmente no han conseguido forjar un pacto debido, sobre todo, a la exigencia de las formaciones flamencas de continuar el proceso de descentralización del estado federal.