Acuerdo sin consenso
El principio de acuerdo alcanzado ayer en torno a la llamada Ley de Memoria Histórica entre PSOE, IU-ICV, PNV, CiU y BNG asegura su tramitación parlamentaria. Pero resulta más difícil que consiga «reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura» sin provocar con tal empeño las reticencias o la abierta oposición de numerosos españoles. El hecho de que el pacto anunciado haya recibido rotundas críticas tanto por parte de ERC y del PCE como por parte del PP no sitúa la iniciativa auspiciada personalmente por el presidente Rodríguez Zapatero en un virtuoso punto medio. Es verdad que el proyecto legislativo, que mañana será abordado por la correspondiente ponencia parlamentaria, podrá resarcir a muchos ciudadanos por la injusticia extrema sufrida por ellos o por sus familiares, y por el agravio que ha supuesto que hasta ahora no se reconociera oficialmente su padecimiento. Pero igualmente puede extender una injusta sombra de culpabilidad sobre la conciencia de otros muchos que ni siquiera habían nacido entonces, y sobre la memoria de sus padres o de sus abuelos.
Actualizado: GuardarAquella contienda incivil no puede ser narrada como la peripecia de dos bandos enfrentados, sino como el drama vivido por toda una generación de españoles que se vio atrapada por un episodio cainita. Resulta reprobable que, contra el acuerdo alcanzado ayer, el Consejero de Gobernación de la Generalitat catalana, el secretario general de ERC Joan Puigcercós, afirme que los «40 años de franquismo sirvieron para resarcir a un bando» y que ahora se trataría de compensar al otro. Pero sus palabras tampoco libran a la iniciativa gubernamental de los riesgos que entraña su contenido, cuando su tramitación parlamentaria permitirá votaciones artículo por artículo y explicaciones que pueden ahondar en heridas que quedaron razonablemente restañadas con la Transición. Además, al declarar la «ilegitimidad» de los órganos judiciales del franquismo, así como el de las «sanciones y condenas» dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias, la nueva norma puede propiciar recursos de revisión de incierta y desigual suerte ante el Tribunal Supremo.
Es indudable que el Gobierno ha convertido la aprobación de este proyecto de ley en objetivo prioritario para el final de la legislatura. Esa intención política se situaría por encima del rigor jurídico y del consenso que requeriría una norma de tanto calado social e histórico. El hecho de que su debate se precipite debido a la pronta disolución de las Cortes y que coincida con la precampaña electoral no permite augurar que se superen las diferencias, o que se expresen sin apasionamiento. En cualquier caso, harían bien los partidos que ayer alcanzaron un acuerdo en calificarlo como tal, y no como consenso. Porque éste requeriría indefectiblemente el concurso del Partido Popular, cuya ausencia del pacto será más explicable si deja clara su repulsa del golpe de estado del 36 contra la legalidad constitucional.
