PSOE e IU logran un acuerdo que desbloquea la Ley de Memoria Histórica
El Congreso de los Diputados iniciará mañana la tramitación del proyecto de la futura norma, que se prevé aprobar en el pleno del próximo 18 de octubre Todos los grupos salvo PP y ERC se suman al pacto tras dos años de negociación
Actualizado: GuardarPSOE e IU anunciaron ayer lunes un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y ERC, para desbloquear la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, concebida como una reparación simbólica para quienes sufrieron la represión en la guerra civil y el franquismo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, informó del «desbloqueo definitivo» de la reforma, que atribuyó a la «sintonía» y al «alto grado de acercamiento» alcanzado con IU, PNV, CiU, BNG, Nueva Canaria, Chunta y NaBai en torno a los «elementos esenciales» del proyecto.
El tiempo se agota y la norma, uno de los proyectos estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura, podría no ver la luz si el Congreso no pisa el acelerador y la aprueba antes de la disolución de las Cortes, prevista en principio para enero. López Garrido se mostró este lunes convencido de que la «alta coincidencia» entre los grupos en cuanto a los «objetivos» y «términos concretos» de la ley permitirá al final que haya un texto de consenso, respaldado por la mayoría del Parlamento. En ese sentido, el dirigente socialista confió en que el PP y ERC puedan aún sumarse al proyecto.
La ponencia parlamentaria que deberá retomar los trabajos ha sido convocada para mañana miércoles a las 16.30 horas. Su tarea consistirá en estudiar las enmiendas de los grupos para cerrar los asuntos aún pendientes. Después, deberá reunirse la Comisión Constitucional para elaborar el dictamen que se someterá a la aprobación del Pleno de la Cámara. Fuentes de Izquierda Unida explicaron que, en principio, su intención es que el Pleno dé su visto bueno el próximo 18 de octubre. A continuación, la norma tendría que ir al Senado y, si allí se introducen cambios, volver al Congreso para su ratificación definitiva.
Tras varios meses de negociaciones infructuosas, los grupos pactaron un texto que, en su exposición de motivos, declara la «ilegitimidad» de los tribunales, jurados u órganos judiciales del franquismo y de las «sanciones y condenas» dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Este apartado, que expone la voluntad del legislador, subraya «de forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos», para contribuir a la «reparación moral» de quienes sufrieron «tan injustas sanciones y condenas».
La ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a las normas represoras y contrarias a los derechos fundamentales dictadas bajo la dictadura «con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial».
Nuevo instrumento
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interpretó ese apartado como una «derogación» del «aparato jurídico represor» del franquismo y aseguró que abre una vía para que los perjudicados puedan acudir al Tribunal Supremo y solicitar compensaciones por sus padecimientos. En ese sentido, el portavoz del PSOE aseguró también que la ley será «un nuevo instrumento jurídico» para ser invocado por los ciudadanos que quieran reclamar, pero lo hace sin interferir en los procedimientos judiciales. «Hay un territorio del legislador y otro del juez, y serán los jueces los que interpreten si hay que utilizar esta ley en procedimientos judiciales».
Diego López Garrido destacó que la aprobación de la ley será «un paso más» de la democracia española «para reparar a quienes han sufrido daños».
