La Fiscalía no ve indicios contra ANV en los documentos intervenidos a Batasuna

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la documentación y los datos obtenidos en la redada que llevó a la cárcel a 17 de los principales dirigentes de Batasuna no aportan indicios de peso que justifiquen una suspensión judicial de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) o del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). El verdadero alcance del material requisado, que todavía analiza la Comisaría General de Información, no se conocerá hasta dentro de unos días, cuando la policía remita un completo informe al juez Baltasar Garzón.

No obstante, las conclusiones adelantadas por los investigadores a la Fiscalía y al juez instructor no contienen elementos bastantes para mantener que ANV, desde las pasadas elecciones locales, y el PCTV, desde las autonómicas vascas de 2005, son en realidad instrumentos de Batasuna para burlar su ilegalización, a las órdenes de ETA. Fuentes fiscales coinciden en que la actuación penal contra estas organizaciones no es inminente.

El destino de los indicios hallados -resguardos bancarios, documentos para estrategias comunes, uso compartido de sedes, etcétera- será enriquecer las diligencias previas abiertas contra ambas organizaciones en el juzgado del juez Baltasar Garzón, por si en su día, sumados a otros datos nuevos y antiguos, se estiman suficientes para adoptar la suspensión de las actividades.

Pesquisas

La Policía Nacional y la Guardia Civil no han dejado de informar al juez de todas sus investigaciones sobre la relación de ambas organizaciones con Batasuna desde que comenzaron a investigarlas. El auto dictado el domingo pasado por Garzón explica que no hay que confundir izquierda abertzale con Batasuna, pese a que reconozca que el partido prohibido es el «frente institucional» de ETA y por tanto «actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo este espectro político» y procura «instrumentalizar» al resto de las organizaciones hasta «absorber a la denominada izquierda 'abertzale', anulando así cualquier opción de discrepancia o independencia».

El propio juez reconoce que «esta tendencia expansiva de Batasuna, bajo los auspicios de ETA, es evidente y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente puede colonizar». Garzón adelanta que su juzgado puede actuar contra estas presuntas organizaciones colonizadas, pero aclara que lo hará «en el momento en el que haya indicios bastantes para ello, no antes».

El sumario sobre Batasuna nació en 2002, y en él están procesados los miembros de todas las direcciones históricas del partido ilegalizado. El pasado 1 de octubre, el magistrado desgajó una nueva pieza -diligencias previas 320/07-, abierta para perseguir el intento de la «nueva mesa nacional de Batasuna», la nombrada en marzo de 2006, de reorganizarse y pasar a una política de «confrontación» para arropar a ETA en su vuelta a los atentados, la extorsión y los asesinatos.

Ese presunto delito de pertenencia o colaboración con banda armada se habría cometido en la reunión de Segura (Guipúzcoa), y del mismo ya están imputados los quince detenidos en la redada del jueves que no estaban procesados en sumarios anteriores. Fuentes jurídicas explicaron que, como el supuesto delito fue el cometido en aquel cónclave y sólo por los que asistieron al encuentro, no cabe esperar que en los próximos días sean detenidos los restantes miembros de la mesa nacional que aún no están encarcelados.

«Delito flagrante»

Tanto el juez Garzón como la Fiscalía coinciden en que el sólo hecho de formar parte de la dirección de Batasuna no es por sí un delito, salvo que, como ocurrió el jueves, vaya acompañado de otros elementos y del «delito flagrante» de participar en una reunión orgánica prohibida.

De hecho, a la hora de solicitar la prisión preventiva para los detenidos, la Fiscalía valoró que sólo podía hacerlo para aquellos que cumpliesen al menos tres de cuatro indicios: formar parte de la mesa nacional, haber asistido a la reunión ilegal de Segura o a la que se celebró 15 días antes en Salvatierra (Álava), tener causas previas por delitos de terrorismo y tener en su poder documentación de relevancia penal.

Un elemento que podría provocar nuevas detenciones son las conclusiones a las que la Policía Nacional llegue tras el análisis de todas los documentos obtenidos en los registros que, en su conjunto, según afirmó ayer el director general de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, ponen de manifiesto «una reestructuración de Batasuna para apoyar la estrategia de la violencia».

La última resolución del juez Garzón contiene es un aviso cristalino: enterrada la tregua, cualquier intento de actuar en nombre de Batasuna o de organizar acciones a favor de ETA conducirá a la cárcel. Así, Mesquida, preguntado en rueda de prensa por el ingreso en prisión de de los 17 dirigentes batasunos, se mostró tajante.

«Los informes policiales ponían de manifiesto una reestructuración de Batasuna para apoyar la estrategia de la violencia y, a partir de ahí, el juez tomó la decisión de proceder a la detención y a su posterior ingreso en prisión», precisó el director general de Policía y Guardia Civil.

En este sentido, añadió Mesquida, «la Policía Nacional, como no puede ser de otra manera, ha hecho lo que tenía que hacer: ejecutar esta orden judicial». Por último, también comentó que las Fuerzas de Seguridad continúan trabajando en el análisis de la documentación incautada en el transcurso de la operación.