Acabar con ETA
El auto de prisión dictado por la Audiencia Nacional para 17 de los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna que fueron detenidos el pasado jueves en la localidad guipuzcoana de Segura descabeza a la izquierda abertzale que estos días trata, sin conseguirlo, de arrastrar a sus bases a una «fase de enfrentamiento» con el Estado. Las convocatorias de protesta, cuyo llamamiento fue realizado por históricos radicales, no han alcanzado ni de lejos el eco que su mensaje altanero y tremendista anunciaba como respuesta a la «declaración de guerra» del Gobierno. Pero incluso los centenares de personas que salieron a la calle el viernes por la tarde saben -como lo saben todos y cada uno de los seguidores de Batasuna- que el sistema democrático no ofrece margen alguno para que la izquierda abertzale pueda continuar simultaneando el terrorismo de ETA con su actividad política y su constante presencia pública. Es éste el mensaje que el Estado de derecho, a través del auto del juez Garzón, ha vuelto a enviar a quienes persisten en dar cobertura a la banda terrorista justificando sus actos y disponiendo a sus bases para que secunden los planes terroristas, sean cuales sean estos. En los últimos días la llamada kale borroka ha vuelto a suplir al terrorismo de los comandos armados en su afán por llevar la coacción a la sociedad y a sus representantes democráticos, recordando por sus hechos que no es el independentismo lo que está proscrito en España, sino el empleo de la violencia terrorista para alcanzar dicho fin.
Actualizado:Distintas voces del nacionalismo gobernante han abonado la idea de que resulta necesario mantener abiertos los cauces de diálogo con la trama etarra, pretendiendo que sea nada menos que el Estado de derecho quien con su inacción sostenga los puentes que Ibarretxe y Azkarraga quieren seguir tendiendo hacia la izquierda abertzale. Es deplorable que ante la batalla que la democracia y sus instituciones están librando con el terrorismo una de éstas, el Gobierno Vasco, pretenda hacerse a un lado y erigirse en el juez salomónico que media nada menos que entre el Estado constitucional y la violencia totalitaria de ETA. Ello no sólo puede brindar a Batasuna el oxígeno que precisa para sobreponerse al cerco legal. Además, vuelve a trasladar a la sociedad vasca la consabida concepción nacionalista de que las leyes y su aplicación han de subordinarse a la legitimidad de las aspiraciones abertzales, incluso cuando son utilizadas para dar cobertura al terrorismo. En el fondo, es éste el dogma que comparten quienes ayer fueron conducidos a prisión con aquellos que, desde las filas del PNV y de EA, toman siempre distancias cuando los jueces y tribunales actúan contra los portavoces de la trama terrorista. Pero aunque persistan las reticencias del nacionalismo gobernante, no sólo la judicatura, también el Gobierno está obligado a hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, sin supeditar dicho deber al siempre deseable concurso de las instituciones vascas en el esfuerzo común por acabar con ETA.