El Constitucional sigue sin ponerse de acuerdo sobre la recusación de su presidenta en un recurso del PP

El pleno del Tribunal Constitucional ha retomado hoy el debate sobre la abstención de la presidenta y del vicepresidente de este órgano, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, en el recurso del PP contra la ley orgánica del Alto Tribunal, que prevé la prórroga de sus mandatos. No ha habido acuerdo y las deliberaciones tendrán que seguir "próximamente".

Con la división instalada en el organismo, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, ha señalado que, si considera que hay motivos suficientes para ello, el Gobierno no sólo puede, sino que "debe" promover la recusación de Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo, los dos magistrados del Tribunal Constitucional que se pronunciaron en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Alto Tribunal que permite prorrogar el mandato de su presidenta, María Emilia Casas.

De esta manera, el Gobierno activaría los mecanismos para apartar a estos dos magistrados del sector conservador del debate sobre la admisión a trámite recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la reforma de la ley que regula el TC, habida cuenta de que el pasado mes de junio enviaron una carta a Casas en la que se posicionaban en contra del contenido de la reforma legislativa.

Disensión en el seno del Tribunal

La división en el seno del tribunal ha vuelto a quedar patente en el pleno. Los magistrados no han logrado el acuerdo necesario para plasmar en un escrito los términos de las dos abstenciones en el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC).

Según una nota hecha pública por el Constitucional, los diez jueces presentes en la discusión (todos los componentes del Tribunal menos los dos solicitantes de la abstención), han acordado "continuar próximamente las deliberaciones" sobre este asunto en una nueva reunión del pleno.

El debate se había retomado hoy después de que en la última reunión, del pasado 27 de septiembre, los magistrados rechazaran un borrador de auto redactado por el progresista Pablo Pérez Tremps en el que se acordaba no admitir las abstenciones de Casas y de Jiménez. De ese modo, ambos podrían participar en la deliberación del recurso.

Aunque la propuesta de Pérez Tremps recibió cinco votos a favor, los de los magistrados adscritos al sector progresista, y cinco en contra, los del sector conservador, este último resolvió el empate a su favor cuando el presidente en funciones del pleno, Vicente Conde, hizo uso del voto de calidad.

Maniobra del sector conservador

Esta maniobra fue calificada de "inmoral" y "falta de ética" por los partidos nacionalistas catalanes, que temen que el sector conservador se haga con el control del altro tribunal e incline la balanza a la hora de decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Cataluña.

Lo ocurrido en la última reunión del órgano de gobierno de los jueces tampoco gustó al Gobierno. El ministro de Justicia anunció que la Abogacía del Estado estudiará la posible recusación de dos magistrados del sector conservador que el pasado mes de junio cuestionaron la legitimidad de la presidenta y su mandato en un escrito dirigido al tribunal cuando aún no había concluido el plazo para recurrir la ley orgánica (LOTC).

Mariano Fernández Bermejo advirtió de que el Gobierno actuará "si hay indicios de que algún magistrado del Tribunal Constitucional está contaminado y no presenta la necesaria imparcialidad". Con la recusación de estos dos magistrados, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, el sector progresista recuperaría la mayoría en el pleno incluso sin la presencia y el voto de calidad de Casas.

La reacción de los progresistas

Fuentes jurídicas habían adelantado que Pérez Tremps iba a plantear en la resolución, junto a la admisión de la abstención de la presidenta y del vicepresidente, la de los magistrados García Calvo y Zapata. Era previsible entonces que el sector conservador se pronunciara en contra y forzara un nuevo debate.

En caso de que se aprobara únicamente la abstención de Casas y Jiménez, el Ejecutivo tendría una herramienta para dejar al sector conservador en minoría. Ocurriría si el TC admite el recurso de inconstitucionalidad del PP. A través de la Abogacía del Estado, como anunció Fernández-Bermejo, plantearía la recusación de los dos magistrados del sector conservador.