Medio Ambiente atenderá las alegaciones del deslinde de forma personalizada

La Delegación Provincial de Medio Ambiente inició el pasado 25 de septiembre las labores de deslinde desde la N-IV hasta la zona de La Caridad, estableciendo de este modo los límites por donde transcurre la Cañada del Verdugo, por lo que los vecinos conocerán perfectamente qué viviendas son las que están ocupando la citada vía pecuaria. Un paso importante e imprescindible para proceder a la urbanización de la zona.

Estas labores se prolongarán durante dos meses y, posteriormente, la Administración publicará los resultados de los trabajos de deslinde y establecerá veinte días para que los afectados puedan realizar las alegaciones oportunas. Así, los trámites podrían prolongarse bastante, ya que fuentes de la Delegación de Medio Ambiente declararon a este medio que se atenderá individualmente a cada una de las personas que quieran realizar algún tipo de alegación.

Una vez estén realizadas todas estas tramitaciones, para lo que la Administración ha establecido un periodo máximo de 18 meses, se procederá a la desafectación, por la que los vecinos tendrán que abonar una cantidad económica a la Junta por haber ocupado la Cañada del Verdugo.

Problema económico

El aspecto económico es el que está levantando más ampollas, ya que los vecinos de las zonas afectadas llevan meses solicitando a las administraciones que las cantidades que se establezcan sean «meramente simbólicas», según palabras de Carmen Gil, vecina de La Caridad. Por el momento, las administraciones no han querido realizar valoraciones al respecto. Por su parte, fuentes de Medio Ambiente han dejado claro a LA VOZ que, una vez se lleve a cabo la desafectación, todos los trámites pasarán a la Delegación de Economía y Hacienda, área que tampoco ha querido realizar declaraciones sobre el asunto, ya que es la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) la que tiene que establecer un convenio por el que los terrenos sean definitivamente propiedad de los afectados.

Pero los vecinos del diseminado Whinthuyssen aseguran sentirse muy «asustados» por todos estos trámites, según declara el presidente, José Antonio Castro. Y es que la desafectación, según la normativa vigente, afectará a los terrenos declarados urbanos en el plan vigente, es decir, en el de 1992, y la citada zona es catalogada como urbana en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que en estos momentos se está tramitando, por lo que temen que ellos no puedan entrar dentro de esta desafectación.

De hecho, Antonio Castro denuncia «el trato que han recibido muchos de los vecinos por parte de Obras Públicas». Hay que recordar que unas veinticinco familias de Whinthuyssen fueron llamadas a declarar por ocupar parte de la Cañada del Verdugo, algo que Castro ha recriminado a la Administración, pues considera que «no era necesario denunciar el caso por vía penal».

Así, el representante de los vecinos ya ha solicitado en varias ocasiones que algún representante de Obras Públicas participe en la reunión que la Delegación de Medio Ambiente mantendrá con los vecinos de Whinthuyssen el próximo día 10 de octubre, aunque por el momento el presidente no ha recibido respuesta desde la citada delegación.

Ante esta intranquilidad, los vecinos de la zona fuera de planeamiento proponen soluciones como la de poder realizar una permuta de terrenos. Así, en el caso de que algunas viviendas estén ocupado cañadas, la Junta de Andalucía podría ser compensada con otros terrenos en los que no existan edificaciones.

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