El Gobierno se reserva 623 millones para las últimas concesiones presupuestarias

El Gobierno ha reservado 623 millones para afrontar las últimas concesiones a incluir en los Presupuestos del Estado para 2008, cuyo proyecto de ley pasará su primer examen parlamentario dentro de dos semanas.

Dicha suma figura dentro de la cada vez menos desconocida sección 31 del texto contable, dedicada a cubrir «gastos de diversos Ministerios», cuya cuantía total supera esta vez los 2.490 millones, con un crecimiento interanual cercano al 15%, es decir, más del doble del alza fijada para el límite de gasto no financiero (6,7%).

El uso de este colchón presupuestario ha sido un recurso habitual desde hace años, si bien se ha utilizado de manera más acusada en la presente legislatura, ante la necesidad del PSOE de recabar otros apoyos para lograr una mayoría suficiente.

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En cualquier caso, la propia idiosincrasia de la partida citada permite este tipo de usos. Y es que, aunque en su descripción de objetivos se apunta a «acciones puntuales» para afrontar «situaciones imprevistas» en el ejercicio correspondiente, también se pueden destinar sus fondos «a carencias o necesidades no evaluables 'a priori'».

Si se descuenta la parte dedicada a cubrir las cuotas sociales de las Mutualidades de los funcionarios, que no varía mucho de año a año (en 2008 se prevén 1.790 millones), el Gobierno dispone aún de 623 millones sin asignación decidida, 166 millones para mejoras retributivas de los funcionarios y otros 456 millones para «necesidades que puedan presentarse en los distintos departamentos ministeriales». No obstante, es probable que, como en veces anteriores, no necesite utilizar todos los fondos.

En 2005 se tuvo que hacer uso de 253 millones de dicha partida para conceder varias de las exigencias presupuestarias hechas por los aliados del Gobierno. En 2006, dicha reasignación de destinos (desde la genérica sección 31 a otras) afectó a casi 450 millones, mientras que el año pasado dicho movimiento fue de 420 millones.

El problema es que, según los primeros cálculos, las exigencias económicas de CiU, ERC e IU-ICV, partidos que ya han anunciado presentarán esta semana sendas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos por su disconformidad con el reparto de inversiones (tanto en el gasto social como en el territorial, donde reclaman más fondos para Cataluña), superan los 2.800 millones de euros, cantidad muy alejada de lo que el Ejecutivo puede asumir.