El Supremo ratifica la inhabilitación del edil Prats por el 'caso Ramel'

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que en la primavera de 2006 fue dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por el conocido como caso Ramel. El dictamen judicial supuso una condena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo de concejal para el andalucista Antonio Prats y para Manuel Ahumada, quien en marzo de 2001 era edil de la Corporación municipal por Sanluqueños Independientes.

Caso Ramel se le denominó a una tumultuosa jornada ocurrida en el Ayuntamiento de Sanlúcar en marzo de 2001. Por esas fechas había un conflicto laboral abierto con la empresa de limpieza Ramel. En una sesión plenaria en la que se había aprobado la creación de una comisión para solventar tal conflicto, el entonces alcalde Juan Rodríguez (PP)-ya fallecido- comunicó a la oposición, trabajadores y representantes sindicales que dicha comisión no se iba a crear hasta varios días después. Eso produjo el enfado de la mayoría de los presentes.

El alcalde optó por encerrarse en su despacho con la que iba a ser su sucesora en el cargo, Laura Seco. Y salió de él a la mañana siguiente, escoltado por la Policía. Ese capítulo se cerró con una denuncia del ex regidor por secuestro, ya que sostenía que no había podido salir del Ayuntamiento porque se lo impidieron ediles de la oposición y sindicalistas, que habían protagonizado altercados con los agentes municipales.

En el banquillo de la Audiencia se sentaron seis concejales y una representante de los trabajadores bajo la acusación de diversos delitos como detención ilegal o desórdenes públicos. Pero el tribunal sólo condenó a Ahumada y Prats y únicamente por atentado contra agente de la autoridad.

La entonces alcaldesa popular de Sanlúcar, Laura Seco, recurrió a través de sus abogados la sentencia de la Audiencia, al entender que los hechos habían sido constitutivos de delitos de mayor gravedad, como el secuestro, y que debían llevar aparejados penas más graves no sólo para los dos condenados sino para el resto de procesados.

Ahora el Supremo rechaza el recurso presentado por Seco, aunque obliga a la inhabilitación de Antonio Prats, que en la actualidad es portavoz del PA en la Corporación municipal.

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