Editorial

La verdad de las víctimas

El Parlamento vasco salvó ayer gracias a la amplia mayoría que suman el tripartito, el PSE y el PP el primer Pleno convocado con carácter monográfico a favor de las víctimas del terrorismo. Las 20 propuestas de resolución con iniciativas concretas de arropamiento pactadas por el Gobierno de Ibarretxe y la oposición, unidas a la petición explícita de perdón a los afectados por la reiterada desafección mostrada hacia su dolor, permitió ofrecer al fin una imagen de cohesión que no obvia, sin embargo, las profundas divergencias que afloraron en torno a la propuesta soberanista del lehendakari y a la detención de la cúpula de la ilegalizada Batasuna.

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La mera celebración del Pleno, el primero en 30 años de democracia, constituye la admisión más explícita de la lejanía mantenida por las instituciones, las fuerzas políticas y la sociedad hacia el sufrimiento tanto tiempo silenciado de los afectados. Una frialdad que apela, de manera singular, a la responsabilidad del nacionalismo democrático, obligado a deslegitimar socialmente el discurso del abertzalismo más fanatizado que aun hoy sigue echando sal en la herida de las víctimas. La sesión volvió a poner de manifiesto, de hecho, la resistencia de significativos sectores vascos a desnudar ese discurso amparador del terrorismo y a enfrentarse a la realidad específica de los damnificados, testigos de la dramática verdad que han supuesto los atentados de ETA.

El Pleno demostró cómo el discurso ético y moral se ha subordinado hasta fechas recientes a la construcción de un país capaz de progresar pese al empecinamiento violento de ETA y al poso de desolación que iban dejando sus víctimas. Han sido la indiferencia, la inacción o el desprecio hacia ellas las que han permitido soportar en Euskadi tantos años de violencia. Atender a la verdad de los damnificados, no con conmiseración sino con solidaridad comprometida, supone encarar las devastadoras consecuencias de una historia común, renunciar a encontrar inaceptables motivaciones políticas al terror y propulsar una pedagogía social lo suficientemente poderosa para evitar que el dictado del verdugo prevalezca sobre el relato de los hechos. La obcecación del lehendakari en sus aspiraciones soberanistas, intentando desbordar el ordenamiento constitucional contra el que ETA sigue atentando, no sólo cuestiona la veracidad de su compromiso hacia las víctimas.

Su convicción de que la consulta autodeterminista favorecerá que los terroristas dejen las armas resulta un ejercicio de voluntarismo del todo hiriente para los familiares de los asesinados y para todos aquellos que, como los miembros de su oposición, han de vivir con escolta. El nuevo consenso oficializado ayer en el Parlamento vasco no puede conducir a otra cosa que al reconocimiento expreso de lo que es justo y, en ningún caso, a la impostura que supondría dotarse de un escudo ético para tratar de arropar la consulta ilegal prevista por Ibarretxe para el 25 de octubre de 2008.