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La neutralización de ETA

El fracaso del mal llamado «proceso de paz" no ha sido la consecuencia de una negociación fallida entre el Gobierno y ETA sino el resultado de una imposición de los «duros» del conglomerado etarra sobre el sector partidario de aquel diálogo que había de poner definitivamente fin la actividad terrorista y de integrar a la 'izquierda abertzale' en el territorio institucional. Aunque la secuencia del 'proceso' no es todavía conocida completamente -nadie en su sano juicio puede dar total credibilidad a la versión etarra publicada en Gara-, ha sido bien patente que, cuando ya las expectativas de éxito habían cuajado considerablemente, la cúpula de la banda armada lanzó un trágala que el Gobierno no pudo aceptar, con lo que se desmoronó la que ha sido, probablemente, última oportunidad de ETA para alcanzar un final negociado y, hasta cierto punto, honroso: hoy, cuando la organización terrorista se ha echado nuevamente al monte, sólo le queda esperar el mismo trato que recibiría cualquier delincuente común.

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El Gobierno ha pagado un alto precio político por su intento -legítimo- de procurar, él también y como hicieron los anteriores, el «final dialogado» de ETA que ya preveía el punto décimo del Pacto de Ajuria Enea de 1988. Incluso es evidente que el fracaso del proceso tuvo cierta repercusión en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 27 de mayo. Desdeñada la vía de la generosidad, los radicales sólo pueden esperar la represión policial más exigente y la aplicación estricta de las leyes, con todo el rigor y sin un ápice de benevolencia.

El plan gubernamental, urdido por Robalcaba y comunicado discretamente punto por punto al principal partido de la oposición, está, pues, desenvolviéndose en el doble plano policial y político. La presión de los aparatos de seguridad sobre ETA, que nunca cesó, sigue rindiendo frutos elocuentes, impulsada también con renovada energía por el equipo de Sarkozy; asimismo, se está produciendo una solapada diplomacia carcelaria tendente a separar a los duros de la organización terrorista de los muchos activistas presos que no están de acuerdo con la pérdida de aquella oportunidad de salir del pozo en que se encuentran.

Con respecto al entramado político-social de ETA, que se plegó cobardemente y sin rechistar a los dictados de los pistoleros, el Gobierno está impulsando, a través de la Fiscalía del Estado, la activación de varios procesos que materializan la ilegalización de Batasuna e impiden su regeneración mediante la incorporación a la cúpula de los segundos niveles. Es hora efectivamente de actuar sobre los márgenes de discrecionalidad que el propio sistema proporciona a la Justicia. Subjetivamente, no es lo mismo colaborar con una organización terrorista que se dispone a abandonar las armas y ha renunciado a utilizarlas que con una banda armada que ha anunciado que renueva su actividad «en todos los frentes». Arnaldo Otegi ya ha experimentado durante varios meses lo que significa esta firmeza. Ahora van a experimentarlo sus correligionarios.

La redada policial del jueves permitió asimismo sorprender en pleno conciliábulo a dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV), participando junto a sus conmilitones de la ilegalizada Batasuna en la recomposición del que sigue siendo a todas luces «brazo político» de ETA Probablemente es lo que estaba esperando el Ministerio Público para dar un paso que empieza a ser ya una exigencia democrática: el de la ilegalización de ANV. Como se recordará, esta lista blanca fue encajada con gran dificultad por el mundo abertzale en vísperas de las pasadas elecciones municipales y autonómicas; a todas luces, era la última vez que prosperaba una operación fraudulenta como aquélla.

La situación tiene dos vertientes políticamente útiles: de un lado, clausurada rotundamente la vía del diálogo, ETA y su entorno han dejado de ser actores políticos. Gane quien gane las próximas elecciones generales, proseguirá la lucha policial contra quienes ya sólo son una banda de delincuentes. De otro lado, estas iniciativas gubernamentales han abortado cualquier intento de utilización del terrorismo en la lucha electoral. También en este sentido insidioso, la neutralización de ETA es un hecho consumado.