A disposición judicial
La detención de los dirigentes de Batasuna por orden de la Audiencia Nacional constituye la única réplica que el Estado de derecho puede ofrecer a la prolongación fuera de la ley de la actividad organizativa y pública de la formación judicialmente suspendida y disuelta. Si el protagonismo de los portavoces de la izquierda abertzale resultaba ya inquietante mientras ETA mantenía formalmente su «alto el fuego permanente», la perpetuación de sus convocatorias y reuniones tras la ruptura del alto el fuego por parte de la banda terrorista concedía a la permisividad en la que se venían moviendo los miembros de la Mesa Nacional un carácter de impunidad que cuestionaba la aplicación real de las sentencias y resoluciones judiciales. La decisión de Baltasar Garzón no puede así obedecer más que a su obligación de hacer cumplir las leyes. Pero el hecho de que resulte improcedente e incluso insidioso atribuir a éste o a cualquier otro auto judicial intencionalidad política alguna no exime a jueces y tribunales de aplicar con rigor y coherencia sus criterios de interpretación legal.
Actualizado: GuardarApelar a la presunción de inocencia puede quedarse en un ejercicio retórico sin significación alguna cuando, como en el caso de los detenidos en la localidad guipuzcoana de Segura, se trata de reconocidos dirigentes de Batasuna cuya jactancia al prestar cobertura política a ETA siguiendo al pie de la letra sus mensajes de amenaza ha sido tan reiterada que provoca la indignación y la repulsa de la inmensa mayoría de la sociedad, y especialmente de aquellos que más directamente vienen padeciendo el terrorismo. De ahí que sea inconcebible la actuación del consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, al denunciar la «hipocresía y oportunidad política» de las detenciones. Lo mismo que resulta de una candidez impropia de su cargo y experiencia que el Consejero de Interior Javier Balza llame la atención sobre el riesgo de «perder vías de interlocución» con la izquierda abertzale, como si la existencia de éstas pudiera servir para algo mientras ETA no rectifique radicalmente.
Con su ruptura del «alto el fuego permanente» ETA no sólo quiso enviar un mensaje de amenaza al conjunto de la sociedad española y vasca y a las instituciones del Estado. También quiso dejar claro ante el conjunto de la izquierda abertzale dónde se encuentra la autoridad y a quién han de obedecer sus dirigentes. La decisión de Baltasar Garzón de instruir el sumario 35/02 se debió a los indicios que obraban en su poder en cuanto a la supeditación y pertenencia de Batasuna a la trama etarra. Si entonces las evidencias parecían sólidas, la constatación de que todo cuanto hace o deja de hacer la izquierda abertzale obedece al dictado de ETA hoy resulta aún más incontrovertible. Mientras las fuerzas policiales tratan de desarticular la parte operativa del terrorismo, su entorno activista no puede seguir por más tiempo protegido por un halo de impenetrable impunidad.
