Justicia chilena
La Justicia chilena imprimió ayer un inesperado giro a las actuaciones sobre la investigación de la fortuna acumulada por el ex dictador Augusto Pinochet -el llamado 'caso Riggs'- con la detención y procesamiento de 23 familiares y colaboradores, entre ellos su viuda y sus cinco hijos. La decisión de la corte de Apelaciones de Santiago de archivar el pasado enero los cargos por complicidad en delitos tributarios que pesaban sobre los allegados del fallecido general pareció cerrar con un frustrante punto y final el seguimiento judicial de las responsabilidades penales y criminales del entorno de quien encabezó el golpe de Estado de 1973. La decisión del juez chileno Carlos Cerda de reabrir el sumario, que alcanza también a dos generales y a uno de los abogados defensores de Pinochet, rescata la esperanza de lograr el esclarecimiento del origen de los cerca de 30 millones de dólares ocultos durante años en cuentas a su nombre en Estados Unidos.
Actualizado:El fallecimiento del dictador evitó que el cerco judicial que se fue cerrando sobre su persona en los últimos años lograra determinar y sancionar sus responsabilidades en la muerte, desaparición y tortura de miles de compatriotas. Pero para satisfacción de la mayoría de la sociedad chilena que ha restablecido la democracia sobre el respeto a la libertad, los derechos humanos y el imperio de la ley todavía no puede decirse que la muerte haya ganado la batalla a la Justicia. El hecho de que el dictador desapareciera sin que sobre él cayese el peso de la Justicia no exime a sus herederos -familiares y políticos- de pagar por las responsabilidades en que pudieran haber incurrido por complicidad en la supuesta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. La ciudadanía chilena y sus instituciones tienen derecho a que la ominosa etapa de la dictadura no se cierre en falso y a evitar que un manto de impunidad empañe la memoria del pasado.