La Justicia chilena encarcela a la esposa y los hijos de Pinochet por malversación de fondos

Quienes creían que muerto el patriarca se ponía una lápida sobre la investigación judicial por el dudoso origen de su fortuna -estimada en más de 25 millones de euros- se equivocaron. Veintitrés personas de su círculo íntimo deberán hacer frente a acusaciones de «malversación de fondos públicos» y «fraude al fisco». La decisión judicial provocó que la viuda de Pinochet sufriera una subida de presión arterial que la llevó al Hospital Militar. Sus tres hijas ocupan ya celdas en el Centro Penitenciario Femenino. Los dos varones, por su parte, han sido traslados a otros recintos.

El abogado de Lucía Hiriart, Pablo Rodríguez, se manifestó «sorprendido» por la orden de arresto y advirtió de que buscará anular la medida. «Esto vulnera derechos esenciales de la persona», se alarmó el letrado, antiguo defensor del ex general en múltiples causas por torturas y muerte de más de 3.000 opositores, de las cuales un millar permanece desaparecidos.

En su resolución, el juez Carlos Cerdá considera que «no hay una justificación razonable» para el origen de más de 14 millones de euros hallados en diversas cuentas de Pinochet y sus allegados, que habrían utilizado más de 20 identidades falsas para disimular su fortuna. «Todo hace presumir que el dinero procede de fondos para gastos reservados asignados a presidencia, la Casa Militar y la Comandancia del Ejército que el ex general y su familia utilizaron en su provecho», dijo.

Según pudo comprobar el magistrado con documentos obtenidos en Chile, EE UU, Suiza y otros países, la familia utilizaba «numerosas cuentas para confundir dinero fiscal con haberes privados mediante transferencias que se ocultaban en identidades imperfectas o directamente falsas».

Más gastos que ingresos

El juez también compara la enorme brecha entre los ingresos declarados de Pinochet y sus voluminosos depósitos, y demuestra que en el caso de dos de sus hijos, Lucía y Marco Antonio, sus gastos son sustancialmente mayores que sus ingresos, por lo que presume que ellos fueron de los principales beneficiarios de los fondos públicos. En cambio, Cerdá no avanza sobre las sospechas acerca de las comisiones ilegales que habría percibido Pinochet por su intermediación en la compra y venta de armas durante su régimen y aún después, cuando conservaba capital político.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, declaró que la resolución muestra que «nadie está por encima de la Justicia», y consideró que «no debería haber ninguna agitación» por la orden de detención al clan familiar, pero también a diez militares retirados y en activo gracias a la «total colaboración» del Ejército para ejecutar las órdenes de detención contra uniformados, según fuentes de la policía civil.

Tras casi dos años de recusaciones de la defensa de la familia que lo acusaban por supuesta «animadversión», el juez Cerdá había sido confirmado por un tribunal superior al frente de la investigación en septiembre, y ayer ordenó las detenciones. El hecho es considerado muy positivo para los abogados humanitarios que veían injusto que la muerte del ex dictador legitime la fortuna en manos de sus familiares.