El fiscal general de EE UU autorizó usar torturas en interrogatorios a terroristas

El periódico The New York Times ha acusado al asesor legal del presidente Bush de respaldar, a través de un documento secreto, las más duras técnicas de interrogatorio aplicadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a presuntos terroristas capturados tras el 11-S.

El dictamen en cuestión, aprobado el 5 de febrero de 2005 sin que faltasen reparos dentro del mismo Departamento de Justicia, habría servido en la práctica como explícita autorización para aplicar una combinación de dolorosas tácticas físicas y psicológicas.

Entre ellas figuran golpes en la cabeza, simulados ahogamientos en agua y sometimiento a temperaturas gélidas. Irónicamente, la Administración Bush había declarado tres meses antes como algo aborrecible el uso de torturas en su lucha contra el terrorismo.

Gonzáles, cuya dimisión efectiva a mediados de septiembre no ha servido para acallar los reproches de haber politizado el Departamento de Justicia y las sospechas de haber cometido perjurio ante el Congreso, decidió aprobar todas estas tácticas combinadas pese a las objeciones presentadas por James Comey, vicefiscal general. Comey, que eventualmente renunció por desavenencias con la Casa Blanca, llegó a advertir a sus colegas en el Departamento de Justicia de que se «avergonzarían» cuando el mundo supiese de la existencia de filigranas jurídicas para justificar todo tipo de brutales interrogatorios.

Pese a los esfuerzos realizados por el Tribunal Supremo y el Congreso de Estados Unidos por regular y limitar estas tácticas, el dictamen secreto de Alberto Gonzáles, reiterado en una segunda versión posterior, seguiría en vigor dentro de lo que la Casa Blanca define como «la necesaria flexibilidad» para proceder contra la amenaza terrorista de Al-Qaida. Lo que, según The New York Times, ha supuesto preservar la mayor laxitud legal posible para justificar estas tácticas de la CIA. La Casa Blanca reiteró ayer que Estados Unidos no practica la tortura. Sin hacer comentarios sobre su contenido, la portavoz presidencial Dana Perino confirmó la existencia del dictamen emitido en febrero de 2005, pero insistiendo en que el documento secreto no constituye una reinterpretación del ordenamiento jurídico norteamericana y de sus compromisos in-ternacionales contra el tratamiento «cruel, inhumano y degradante» de detenidos.

Con todo, la Administración Bush hasta la fecha mantiene en secreto las técnicas de interrogatorio permitidas a los miembros de la CIA.