La ley que impulsa el desarrollo rural llega al Senado sin aclarar su financiación
El proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que integra a más de un tercio de la población y afecta al 90% del territorio, fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados, gracias al apoyo prestado al Gobierno socialista por sus socios en el tripartito catalán (ERC e IU-ICV). Sin embargo, para algunos llega cojo al Senado y es probable que siga así cuando el texto final salga publicado en el BOE, dada las diferentes posturas del PSOE respecto a PP, CiU, PNV y BNG, no ya en el ámbito económico, sino de manera especial en el reparto competencial por una presunta 'invasión' de atribuciones territoriales desde el Estado.
Actualizado: GuardarUno de los puntos que queda sin aclarar, aún después de haber sido enmendado el texto inicial elaborado por el Ministerio de Agricultura, es cómo se financiará cada apartado de una norma tan ambiciosa en su alcance como poco concreta en su desarrollo. Hasta que se apruebe el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, verdadero soporte de esta ley, los gastos derivados de su implantación se sufragarán con cargo a una partida especial incluida en los Presupuestos del Estado para 2008, dotada con 100 millones de euros. Dicho dinero, sin embargo, aún no tiene definido cuál será su destino concreto, según reconoció la propia ministra Elena Espinosa.
Dado que en el proyecto se menciona la «posible cofinanciación por parte del Estado de las medidas que sean concertadas con las demás administraciones públicas», pero no se dan más precisiones e incluso, en uno de sus últimos artículos, se afirma que serán costeadas por todos los participantes (incluida la iniciativa privada) «con cargo a sus respectivos presupuestos», las dudas sobre cuánto dinero hará falta y de dónde saldrá permanecen.
Novedades
Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos temen el impacto que la ley pueda tener en sus arcas, máxime cuando hasta ahora no han sido consultados por el Ejecutivo.
Este plan del Gobierno comprende actuaciones en áreas tan diversas como el empleo, las infraestructuras, el urbanismo, la educación o la cultura. Por este motivo, Gobierno y oposición coincidieron ayer en que sin unos criterios de cooperación adecuados el proyecto puede fracasar. Entre las novedades de la ley destaca la nueva definición del profesional de la agricultura, al que se le reducen las exigencias. Podrá serlo aquel que obtenga, al menos, el 25% de su renta de actividades del campo (antes era la mitad).
