La Junta quiere evitar que Sanlúcar y Jerez se «enfrenten» por el vino

De esta forma, la Administración autonómica -que es la que tendrá que ratificar el Reglamento con la publicación en el BOJA- se dio prisa ayer en evidenciar que estaba plenamente informada de todas las circunstancias que han rodeado la aprobación del texto que marcará el futuro de la Denominación de Origen, un proceso en el que después de años de negociación no ha sido posible lograr el apoyo de todos los vocales del pleno del Consejo Regulador -COAG votó en contra- y que por el contrario ha provocado la ruptura interna de la patronal que agrupa a las bodegas de toda la zona productora.

Así, Pérez Saldaña se lamenta en la carta porque la aprobación del documento «no ha suscitado un consenso más amplio entre todos los agentes del Marco de Jerez», e incluso abre la puerta a la posibilidad de que la negociación tenga que retomarse al ofrecer todos los recursos que están en su mano «para que se den las condiciones de diálogo y consenso necesarias que propicien un acuerdo global satisfactorio para todos».

Pero lo más importante que se trasluce de la misiva -fechada el día 2- es que para el consejero la gravedad de la situación creada por este debate -y por el polémico artículo que incluso ha provocado la expulsión de dos bodegas de Fedejerez- trasciende lo estrictamente empresarial y roza casi el terreno político, ya que no oculta su intranquilidad «porque pueda producirse un enfrentamiento entre dos localidades tan importantes para el Marco como Sanlúcar y Jerez».

Es más, por la «responsabilidad» de su cargo y sin querer inmiscuirse en la «autonomía» del Consejo Regulador, dice verse en la obligación de buscar soluciones ante el «previsible conflicto que se producirá entre las sociedades vitivinícolas de ambas localidades».

En esta tesitura, la carta deja claro que «esta situación, si no ponemos los medios para corregirla, puede hacer mucho daño al sector», e instó a superar estos problemas internos y a «centrarnos en los retos de futuro para ganar y consolidar mercados».

Pero el toque de atención y la llamada al consenso del consejero de Agricultura no fueron las únicas injerencias políticas que hubo ayer en una polémica que ya hacía tiempo que amenazaba con poner en guardia a los representantes públicos.

Así, como era previsible, la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, entró con fuerza en un debate sobre el que ha estado muy informada desde el principio, como ella misma confesó ayer en la rueda de prensa que ofreció para valorar la aprobación del Reglamento de la Denominación de Origen. «Desde hace meses hemos estado haciendo el seguimiento del nuevo Reglamento del vino que se presuponía con perjuicios para nuestra ciudad. Pero hasta ahora hemos querido mantenernos al margen porque entendíamos que este tema es competencia del sector y de las bodegas que necesitaban un reglamento consensuado», apuntó.

Sin embargo, los acontecimientos y la falta de esa pretendida unanimidad obligaron ayer a la primera edil socialista a pasar a un primer plano y a afirmar sin tapujos que «este nuevo Reglamento perjudica a Sanlúcar y no lo vamos a permitir».

De esta forma, la alcaldesa expresaba «su disconformidad total con esta aprobación inicial de Fedejerez a este Reglamento, puesto que supone la supresión de un derecho histórico que nos corresponde».

García fue más allá y destacó que «tenemos una cultura del vino muy antigua y ligada a nuestra historia y por eso utilizaremos todas las armas a nuestro alcance para evitar que se perjudique a nuestra ciudad».

Reto a Fedejerez

En esta misma línea, se dirigió directamente a los responsables de Fedejerez y les retó a que «expliquen con razonamientos objetivos los motivos por los que se ha tomado esta decisión y también que expliquen cómo se ha podido criar fino durante 60 años en nuestra ciudad y cómo han podido convivir durante todo este tiempo el fino y la manzanilla con absoluta normalidad. Queremos que se nos den explicaciones objetivas, imparciales y que no respondan a intereses comerciales», dijo aludiendo a la cuestión de la exclusividad en la venta del BOB (marcas blancas) que todos en el Marco creen que está detrás de esta polémica.

En resumidas cuentas, García dijo no entender «cómo se puede expulsar a Sanlúcar de esta Denominación de Origen» y por ese motivo mostró su apoyo incondicional a las firmas bodegueras de Sanlúcar, «con las que trabajaremos conjuntamente para que no se mermen los derechos de esta ciudad».

También recabará el apoyo del resto de los grupos políticos de nuestra ciudad y propiciará una Junta de Portavoces para tratar este tema en próximos días, tal como había pedido también ayer el portavoz del PA, Antonio Prats.

Y todo esto puede pasar aún a mayores, ya que diversas fuentes apuntaron ayer que el mismísimo secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, está mediando en este asunto para encontrar una solución, sobre todo cuando se acerca la celebración de las elecciones autonómicas. De hecho, Pizarro tenía previsto mantener un encuentro a tres bandas con Irene García y Pilar Sánchez, su homóloga en Jerez y también del PSOE.

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