Zapatero dice en el Congreso que la consulta de Ibarretxe tendrá el mismo destino que su plan

Rodríguez Zapatero prometió «una respuesta prudente, tranquila y responsable» a Juan José Ibarretxe el próximo 16 de octubre, fecha de la cita en el palacio de La Moncloa. Eso sí, avisó al lehendakari que, por más convincente que sea, el esfuerzo será en vano porque su pretensión de celebrar una consulta popular el 25 de octubre de 2008 y un referéndum en el segundo semestre de 2010 están condenados al fracaso. Esa propuesta, dijo, «va a tener el mismo destino» que la reforma estatutaria aprobada por el Parlamento de Vitoria el 30 de diciembre de 2004, y rechazada después el 2 de febrero de 2005 por el Congreso.

Un desafío

El presidente del Gobierno respondió así a una pregunta de Mariano Rajoy sobre qué iba a hacer ante «el desafío» planteado por el gobernante vasco, un reto que atribuyó a «la imprudencia» de Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo acusó al líder del PP de tener «mala memoria o una intención no precisamente positiva» al responsabilizarle de la iniciativa de Ibarretxe, ya que la ofensiva soberanista arrancó hace siete años, «diez días después» de que el PP ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, y entonces «yo no era ni presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE». El llamado plan Ibarretxe, prosiguió, fue presentado en la Cámara de Vitoria en 2003, también mientras gobernaba José María Aznar. Y sólo durante su mandato, fue «debatido y rechazado» por el Congreso.

Rodríguez Zapatero negó que la nueva propuesta de Ibarretxe sea motivo de «preocupación» para el Gobierno. En cambio, advirtió que quien debe tener «algún temor es quien puede caer en el error de no cumplir la legalidad», en clara alusión al lehendakari. El jefe del Ejecutivo reclamó además al líder opositor «apoyo» para rechazar juntos la propuesta de Ibarretxe. Aseguró que así hubiera sido si los papeles estuvieran invertidos, y Rajoy fuera presidente del Gobierno y él, jefe de la oposición.

El presidente del PP achacó la nueva iniciativa del lehendakari a que a Rodríguez Zapatero «se le han ido las cosas de las manos» en sus relaciones con los nacionalistas. Todo empezó, según Rajoy, cuando el presidente del Gobierno dijo que el concepto de nación es «una cuestión discutida y discutible» y ofreció un «nuevo diseño territorial» de España para que «todos estuvieran cómodos». A raíz de ese planteamiento, apuntó, florecieron «los problemas» y se anunciaron referendos. Subrayó el dato de que el jefe del Ejecutivo «negoció con ETA» y ahora Juan José Ibarretxe se apoya en ese «argumento para negociar lo mismo».

«Errores»

El líder de la oposición consideró con todo que «lo peor» no es el calendario fijado por el presidente del Gobierno vasco, sino que Rodríguez Zapatero «no acierta a comprender la gravedad y las consecuencias de lo que ha hecho hasta ahora». Rajoy resaltó que lo peligroso es que el jefe del Ejecutivo esté convencido de que no ha cometido «errores» ni cree que «se haya equivocado en ninguno de los debates que ha promovido».

Este debate no fue el único que se suscitó en torno al último anuncio del lehendakari. El secretario general del PP obvió la pregunta que iba a hacer al vicepresidente segundo e interrogó a Pedro Solbes si tenía sentido pactar los Presupuestos de 2008 con una fuerza como el PNV, que promueve una referéndum «ilegal». El responsable económico del Gobierno defendió «la legitimidad» de los nacionalistas vascos para «pactar y negociar», a lo que Ángel Acebes replicó que «no es un problema de legitimidad», sino de tener «voluntad política en defensa de la integridad territorial cuando hay un chantaje y un desafío independentista al Estado».

La consulta de Ibarretxe llegó a la Cámara Baja de la mano de, en palabras de Rajoy, «lo que está ocurriendo con los símbolos y las instituciones», algo que también atribuyó a «la imprudencia» del presidente del Gobierno. Rodríguez Zapatero no quiso entrar en ese debate y se limitó a señalar que «España es porque es de todos; los símbolos, como la bandera, son de todos, y las principales instituciones lo son porque son de todos».

El líder de la oposición, en cambio, atribuyó la polémica a que el presidente del Gobierno actúa de forma que «la mayoría de los españoles ni entiende ni comparte». La sociedad, agregó Rajoy, quiere un presidente que garantice «el respeto a la ley», que «salvaguarde las instituciones», que proporcione «tranquilidad» y garantice que «la soberanía no se verá amenazada».