La 'pinza' contra el Rey, de Antonio Papell

Efectivamente, no hay que engañarse a este respecto: las agresiones orquestadas por los grupos antisistema catalanes y por la ultraderecha mediática y clerical apuntan al Rey no como titular de la institución monárquica, sino como pieza clave de una Constitución que lo entroniza como «símbolo de la unidad y permanencia» del Estado. De ese Estado compuesto y plural que la Carta Magna organiza y que, a pesar de ciertos problemas, ha sido capaz de abarcar la complejidad de este país y de llevarlo a las cotas de buena convivencia y franca prosperidad de que disfruta.

Hoy, los altavoces mediáticos son de gran potencia por lo que a veces es necesario ponderar las noticias para calibrar la dimensión real del suceso. Y así, pese a la aparatosidad de los brotes antimonárquicos, hay que reconocer su escasa entidad. En Cataluña, las manifestaciones han sido orquestadas por las Candidatures d'Unitat Popular (CUP), grupos antisistema de fuerte matiz independentista que consiguieron unos 20.000 votos en las pasadas elecciones municipales del 27-M y que están sobre todo implantadas en ciudades de tamaño intermedio -Marató, Berga, Villafranca del Penedés o Vic-, pero que están ausentes de Barcelona y su cinturón.

En el otro lado, las críticas al Monarca están concentradas en la COPE, a pesar de que, en un rapto de inconcebible hipocresía, el presidente y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal han salido públicamente en defensa del Rey. En cualquier caso, parece evidente que la hostilidad al Monarca, que lógicamente impregna también a los partidos republicanos, proviene sobre todo del independentismo: el Rey sería el símbolo de la unidad que ellos detestan.

En definitiva, no deberíamos permitir que los árboles no nos permitieran ver el bosque. Que los ataques al Monarca o a su institución nos ocultaran que, en realidad, sus enemigos pretenden desmantelar el sistema político vigente o fracturar el Estado español o ambas cosas a la vez. Lo que conduce a la conclusión inversa: los constitucionalistas hemos de defender a la Corona no axiomáticamente, sino porque es parte esencial de un modelo muy bien equilibrado de organización política que hasta ahora ha sido cauce eficaz de resolución de conflictos y estructura que ha compatibilizado bastante bien las tensiones centrífugas y centrípetas que emergen de la propia vitalidad nacional.

Vista así esta cuestión, y destacado el hecho de que estamos ante una operación política y no sólo ante un alarde de incendiaria mala educación, es clara la irrelevancia de las vías penales para proteger a la Corona. Lo lógico es que las respuestas ataquen el fondo del incendio: el estimulante consenso de los dos grandes partidos en defensa de la Corona debe ser, en realidad, unidad en apoyo de la Constitución. Lo que debe preservarse, en libertad pero con firmeza, es el sistema en su conjunto, ya que es patente la maniobra de quienes quieren debilitarlo por la vía de desprestigiar a quien lo personifica simbólicamente.

Esta defensa requiere, en todo caso, pronunciamientos claros para que todos -incluidos los que legítimamente tratan de reformar el orden constitucional- sepan a qué atenerse y qué fuerzas tendrán enfrente si persisten en su actitud. Por ello resulta particularmente lamentable la tibieza del Parlament de Cataluña, que, tras un conjunto de acciones callejeras de protesta contra la Corona, emitió un comunicado ambiguo, producto sin duda de un cierto acomplejamiento de ERC frente a las mencionadas CUP, que arañan su poder municipal, y a la pusilanimidad de un PSC inseguro y confuso.

No se trata, en fin, de adular a la Corona, víctima de minoritarios agravios, sino de detectar a tiempo los focos de infección que tratan de socavar nuestro modelo sociopolítico y de salir enérgicamente en defensa del régimen democrático, amenazado en sus cimientos por visionarios antisistema que ni saben realmente en qué consiste el republicanismo -una opción tan respetable- ni mucho menos tienen un verdadero proyecto alternativo de país.