El PSOE teje una red de 'apoyos críticos' para sacar adelante la Ley de Memoria Histórica

El PSOE se ha garantizado ya una red de 'apoyos críticos' en el Congreso para sacar adelante el proyecto de Ley de Memoria Histórica, aprovechando que esta norma no será sometida a una votación de conjunto. Tras varias semanas de negociaciones con IU-ICV y los nacionalistas de CiU y PNV, a los que hoy se ha sumado el BNG, los socialistas no han logrado el apoyo cerrado de ninguno de los grupos minoritarios, pero al menos se han garantizado que permitirán su tramitación y que limitarán su rechazo a los puntos donde aún mantengan discrepancias.

Con IU-ICV persisten las diferencias sobre la interpretación de la ilegitimidad de las condenas de los tribunales del franquismo, pues la coalición de izquierdas insiste en que eso debería tener efectos si los particulares afectados recurren ante la justicia. Si no hay avances en esta materia, IU-ICV prestará un apoyo "crítico" al proyecto, limitando su oposición a ése y otros artículos concretos donde discrepe.

Por su parte, IU-ICV, ha acusado all PSOE de no poner verdadero empeño en alcanzar un consenso sobre la ley con la excusa de no dar nuevos argumentos políticos al PP, en especial cuando siguen vivas recientes polémicas sobre los símbolos del Estado, el Himno Nacional, la Bandera o el papel de la Monarquía.

Similar situación ocurre con el PNV y CiU. Los nacionalistas vascos centran su reclamación en la devolución a Euskadi de documentos incautados en la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca pero, incluso si este tema no se resuelve, están dispuestos a apoyar el resto del proyecto.

No hay votación de conjunto

Así las cosas, y pendientes de los contactos con las demás fuerzas minoritarias, algunas de las cuales, como el BNG o la CHA están dispuestas a contribuir al consenso mayoritario si se alcanzase, el PSOE se está garantizando apoyos suficientes para ir sacando adelante la norma en el Congreso, sección por sección, artículo por artículo, aprovechándose de que la ley no tiene rango orgánico y, por ende, no hay una votación de conjunto que obligaría a fijar un voto global a cada grupo parlamentario.

Además, en su favor juega que la oposición a tramitar la ley se está focalizando en dos extremos, el PP y ERC, cuyas enmiendas son incompatibles entre si. Así pues, los socialistas confían en ir sacando adelante el proyecto, incorporando las modificaciones que pacten con IU-ICV y los nacionalistas, y sabiendo que el PP también vetará las propuestas 'inasumibles' de las minorías y que éstas rechazarán las demandas del PP.

El plan de Molina

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, en respuesta a una Interpelación urgente, solicitada por ERC, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para ejecutar la Ley del Archivo de Salamanca, ha explicado, cada uno de los pasos que tienen que dar para cumplir lo exigido por esta Ley.

Entre ellos, ha citado la constitución del Patronato del Centro Documental de la Memoria y el nombramiento de su director. Asimismo ha declarado que se ofrecerá a la Conferencia Sectorial de Cultura, en donde se reúnen las Comunidades Autónomas, que propongan dos miembros, para formar parte de dicho patronato "como muestra clara de apertura".

Por otra parte, ha subrayado que hay que "supervisar con criterios técnicos rigurosos" un número elevado de documentos y otros materiales como mapas, planos o panfletos ya que "se ha detectado importantes discrepancias que obligan a un trabajo minucioso". Una vez revisado el trabajo de los archiveros, Molina ha indicado que se podrán presentar las peticiones de devolución que después estudiará la Comisión Mixta y que a continuación serán aprobadas por el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica .

No obstante, ha advertido que la Generalitat tiene la obligación de depositar una copia de estos documentos en el Archivo de Salamanca que hoy es el Centro Documental de la Memoria . Algo que no ha sentado nada bien al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, quien ha manifestado que "la prepotencia política se paga" y "esto nos lo van a pagar caro".