Los imputados reconocen engaños de Camacho y De la Serna a la CNMV

Varios imputados que han declarado ante la Audiencia Nacional por el escándalo financiero de Gescartera han reconocido los artificios de los principales acusados, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, para mantener dos años más el sistema de apropiación indebida del dinero de los inversores.

En la octava sesión de esta vista oral, el asesor fiscal externo Julio Rodríguez Gil ha confirmado que firmó tres cheques por un importe de 3.949.590.428 pesetas sin fondos, porque Camacho le dijo que iban a llegar varios asientos con dinero desde el extranjero.

Al mismo tiempo, según el testimonio expuesto hoy por el subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), José Alfonso Castro Mayoral, él extendió un certificado de haber recibido estos tres cheques, mientras que su compañero hizo lo propio con una cuenta de Gescartera denominada "Clientes Liquidación Internacional", en la que supuestamente había 3.929.212.638 pesetas de los clientes.

Con estos dos documentos extendidos en noviembre y diciembre de 1999 con el sello de La Caixa, que es considerada por el fiscal como responsable civil subsidiaria, Camacho y Ruiz de la Serna lograron pasar la inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se había retrasado desde junio de 1999.

Maquillando el agujero patrimonial

En teoría, a la vista de estos dos certificados firmados por el subdirector y el director de La Caixa en Majadahonda, había 7.878 millones de pesetas (47,35 millones de euros), cuando en realidad, dos años después, se constató un agujero patrimonial superior a los 50 millones de euros.

A partir de las explicaciones de Rodríguez Gil y Castro Mayoral, Antonio Camacho expuso que su intención era constituir una sociedad de inversión de capital variable (Sicav) con sede en Luxemburgo, con dinero de los clientes y de otros fondos en el extranjero.

Su creación fue encomendada a Rodríguez Gil, que cobró 3,5 millones de pesetas de Camacho por esta operación, pero no percibió ninguna cantidad por la firma de cheques "sin imaginar nunca" que su destino final era intentar engañar a la CNMV.

El fiscal ha solicitado tres años de cárcel para el Castro Mayoral y el director de la sucursal de La Caixa, Carlos Miguel Prats, por ser cómplices en un delito de apropiación indebida, al igual que Carlos Ortín Barrón, acusado que presuntamente utilizó una lista de clientes para suscribir minusvalías y evitar el pago de impuestos.

Testaferros para acaparar minusvalías millonarias

Para Rodríguez Gil, ex subinspector de Hacienda y economista, pide seis años de cárcel por ser autor de una apropiación indebida, al haber suministrado una lista de personas y una fotocopia de sus DNI que, a cambio de una retribución económicas, eran utilizados por los acusados para figurar como clientes de Gescartera asignándoles pérdidas.

Al igual que Ortín Barrón, Rodríguez Gil ha rechazado tener que ver nada con dos listas de nombres o redes de testaferros que acaparaban minusvalías de más de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) en operaciones en bolsa bajo el nombre "Agrupación Carlos Ortín Barrón" y "Agrupación Rodríguez Gil".

Según el fiscal, las operaciones en que se asignaban pérdidas servían de contrapartida para asignar ganancias a clientes de Gescartera y hacerles así creer que su dinero estaba invertido. En el caso concreto de Carlos Ortín, según los datos facilitados por su secretaria que él ha rechazado, él y los inversores relacionados con él recibieron 177.068.435 pesetas.