Al Fayed insiste en la teoría de la conspiración 'Real' en la muerte de Diana de Gales

La investigación judicial sobre la muerte de Diana, Princesa de Gales, ha empezado hoy en el Tribunal Superior de Londres, diez años después de que perdiera la vida en un túnel parisino, el 31 de agosto de 1997. El juez Scott Baker es el magistrado que estará a cargo de esta pesquisa, retrasada en varias ocasiones, pero que deberá esclarecer definitivamente cómo perdió la vida Lady Di.

En la sesión de hoy, los once miembros del jurado seleccionado para este caso deberán prestar juramento, tras lo cual tendrán que examinar todas las pruebas que se presenten durante la investigación, que se calcula durará seis meses. Fueron seleccionados de una lista inicial de doscientas personas, que debieron contestar a una serie de preguntas para saber si tenían algún prejuicio o un vínculo con el caso que les impidiese ser imparciales durante la investigación.

Por otro lado, los abogados que representan a Mohamed Al Fayed intentarán en los próximos plantear el mayor desafío al que jamás se ha enfrentado la familia real británica, en el curso de la encuesta judicial inglesa sobre las circunstancias de la muerte de su hijo, Dodi, y de la princesa. Por el momento, el juez que preside la encuesta ha rechazado la petición de los abogados de Al Fayed para que se llame como testigos a la reina Isabel, a su marido, el duque de Edimburgo, al príncipe Carlos y al jefe del Servicio Secreto de Inteligencia.

Al Fayed y la teoría de la conspiración 'Real'

Mohamed Al Fayed, dueño de Harrods y padre de Dodi, que murió el 31 de agosto de 1997 junto a Diana y a Paul Henry, el conductor del vehículo en el que viajaban, mantiene que el accidente mortal fue en realidad el resultado de una conspiración en la que participaron miembros de la familia real y el servicio secreto MI6.

La encuesta judicial sobre la muerte de personas por causas no explicadas no es un juicio sobre la culpabilidad de nadie. Trata de dilucidar hechos. Intenta responder a preguntas elementales sobre quién, dónde y cómo murió. Y puede investigar «actos y omisiones que llevaron directamente a la causa de la muerte».

Los abogados de Al Fayed han logrado que esta encuesta se adentre en la investigación de los elementos de la supuesta conspiración de tal modo que en su desarrollo o en sus conclusiones se aireen suficientes indicios como para que al final sea posible presentar una querella ante los tribunales.

Entre las cosas que la encuesta deberá dilucidar se citan expresamente si la princesa de Gales estaba embarazada en el momento de su muerte, si se había comprometido en matrimonio con Dodi Al Fayed, si sentía temor de que la mataran y por qué su cadáver fue embalsamado inmediatamente tras su muerte. También intentará arrojar luz sobre otros elementos de la hipótesis conspirativa, como el supuesto papel de los servicios secretos británicos en el accidente, la desaparición de correspondencia del duque de Edimburgo dirigida a Diana o de material fotográfico en una agencia de noticias francesa.

La historia interminable

La encuesta fue abierta en 1997 por el coroner de Slough, que actúa también en el caso de muertes en la casa real, con residencia en la vecina Windsor. Fue aplazada hasta la conclusión, en 2003, de las investigaciones policiales y judiciales en Francia, que concluyeron con el veredicto de accidente.

Tras la reanudación de la encuesta inglesa, se suspendió de nuevo a la espera de que la Policía inglesa culminase su propia investigación sobre las circunstancias de la muerte, a la luz de las denuncias de Al Fayed. Esa investigación, dirigida por el ex jefe de Scotland Yard John Stevens, concluyó en diciembre de 2006. El informe de 832 páginas presentado por Stevens tras tres años de pesquisas confirmó la teoría del accidente de circulación, pero su publicación fue criticada por los abogados de Al Fayed al considerar que podía influir en las opiniones de un futuro jurado, cuya formación era negada en aquel momento por un segundo coroner.

En marzo de 2007, un tribunal dio la razón al recurso presentado por Al Fayed y dictó que esta encuesta debe ser decidida por un jurado. Un nuevo coroner, el tercero, sir Scott Baker, se hizo cargo del caso y hoy nombrará a once jurados entre un panel de veinticinco que fue elegido la pasada semana.

Tras la formación del jurado, a cuyos miembros advirtió de que no deben ver ni leer noticias sobre el caso ni hablar del asunto con sus familiares o amigos, el juez ofrecerá hoy una descripción de la encuesta. Su asistente legal ofrecerá un relato más pormenorizado hasta el jueves. La próxima semana, juez y jurado viajarán a París para visitar los lugares en los que ocurrieron los hechos.

A partir de ahí, la sala 73 del Tribunal Superior, donde hay una pequeña galería pública y donde Al Fayed se sienta en un lateral junto a su mayordomo y asistentes, verá el tránsito de testigos, en primer lugar franceses, que ofrecerán su testimonio por vídeo. La duración estimada de la encuesta es de seis meses.

Partes en el juicio son Sarah McCorquodale, hermana de Diana, y los príncipes Guillermo y Enrique, que no tienen abogado; los padres del conductor, Henry Paul; el hotel Ritz de París, que le empleaba; el único superviviente del suceso, el guardaespaldas Trevor Rees; Scotland Yard y el servicio secreto.

Recordando a Burrell

Pero el desafío de Al Fayed a la familia real será guiado por Michael Mansfield, un abogado criminalista con reputación en los tribunales ingleses. Republicano y socialista, defendió con éxito a acusados impopulares, como 'los cuatro de Guildford' o 'los seis de Birmingham', condenados erróneamente por crímenes del IRA.

Tras fracasar en su intento de que se lleve el caso a una arena con más público que la sala 73, Mansfield ha pedido por escrito al juez que se llame a la reina para que aclare unas palabras que supuestamente dijo al mayordomo Paul Burrell: «Hay poderes en este país de cuyo trabajo no sabemos nada». El juez, por el momento, rechaza convocar a la familia real.

En 2002, el juicio contra Burrell, ex mayordomo de Diana acusado de robar documentos y objetos de la princesa tras su muerte, fue abortado cuando abogados de la familia real informaron al tribunal de que la reina había recordado una conversación en la que Burrell le manifestó que guardaría algunas cosas. La interrupción del juicio, que causó gran conmoción, reproches insólitos a la propia reina y una investigación interna de la Casa del Príncipe, se produjo un día antes de que el abogado de Burrell, lord Alex Carlile, iniciase su turno de defensa, en el que quería forzar al tribunal a llamar a Carlos de Inglaterra como testigo.

En esta encuesta, el juez no tiene poder para forzar la comparecencia de ningún testigo, pero Mohamed Al Fayed plantea el mismo desafío: una combinación de argumentos legales y de revelaciones ante el tribunal sobre la vida de la familia real que la prensa ofrecerá al gran público.