El tribunal del 'caso Gescartera' rechaza la imputación de ex responsables de la CNMV y del Gobierno
El principal imputado, Antonio Camacho, defiende su inocencia y afirma que su familia puso más de 19 millones de euros para cubrir las pérdidas de sus clientes
MADRID Actualizado: GuardarEl tribunal del caso Gescartera ha rechazado la imputación por "delitos de estafa o de fraude" de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno de 2001 -presidido por José María Aznar-, tal y como pedían ante la Audiencia Nacional casi la mitad de las acusaciones populares y particulares personadas en el caso. El escándalo afecta a más de 4.000 inversores y ha dejado un agujero patrimonial de 50 millones de euros.
El tribunal se ha ajustado a lo que defendía el fiscal González Mota, que mantiene la acusación contra 14 personas ligadas a Gescartera y con Antonio Camacho a la cabeza. También sigue lo dispuesto por la juez Palacios, que exculpó ya a otras 39 personas contra las que las acusaciones habían presentado cargos y, entre las que figuraba la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex presidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración.
Camacho niega las acusaciones
La primera comparecencia en la tercera sesión de la vista, ha sido la del principal imputado, Antonio Camacho, que ha contestado a las preguntas de los 61 abogados presentes en la causa. Camacho ha basado su defensa en asegurar que nunca participó en la gestión ni liquidación de los valores de los inversores, sólo en "captar clientes" y "prestamistas" para mantener Gescartera como un "proyecto viable".
Camacho ha afirmado que él y su familia han perdido más de 3.165 millones de pesetas (19,02 millones de euros) en aportaciones para paliar las pérdidas de la agencia de valores, donde, según ha asegurado, "siempre hemos velado por el interés de los clientes".
El acusado, para quien el fiscal pide once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental, ha descargado todas las responsabilidades en la CNMV y ha afirmado que el organismo regulador conocía desde 1992 dónde estaban los fondos de los clientes de la agencia de valores -intervenida en 2001- a través de un informe que hizo la Agencia Tributaria.
Frente a la versión del fiscal, que le acusó de desviar dinero de los clientes de Gescartera a sociedades ligadas a él como BC Fisconsulting, Antonio Camacho ha señalado que estas compañías "captaban dinero" de grandes prestamistas para mantener la operativa de la agencia de valores, por cantidades que oscilaban entre 600.000 euros y 2,4 millones de euros (entre 100 y 400 millones de euros).
El dinero para hacer frente a las minusvalías y para pagar el dinero a los prestamistas "nunca provenía de los clientes", ha indicado Camacho , quien ha negado "rotundamente" que la existencia de una cuenta global "omnibus" pudiera servir -según la versión del fiscal- para que un cliente corriera con los riesgos de otro.
Descarga de responsabilidades
Antonio Camacho, quien asegura haber dedicado su dinero, el de su familia y el de sociedades ligadas a reflotar Gescartera, ha indicado que llegó a unas pérdidas de 48,08 millones de euros (unos 8.000 millones de pesetas, con unas compras de 60.000 millones de pesetas en compras por 52.000 millones de pesetas en ventas) y ha señalado que la contabilidad era llevada por Francisco Javier Sierra de la Flor mientras que las relaciones con la CNMV eran responsabilidad, como directores generales, de Francisco Moreno y José María Ruiz de la Serna.
El principal acusado ha señalado además al jefe de supervisión de la CNMV, Ramiro Martínez Pardo del Valle, como la persona que le recomendó que contratara a José María Ruiz de la Serna y a Salvador Alcaraz para solucionar los problemas de información y gestión que habían surgido.
Además, a preguntas del fiscal, ha revelado que había acudido, poco antes de la intervención, a una financiación desde Estados Unidos para salvar las pérdidas de los clientes, que están valoradas en el sumario en más de 50 millones de euros.
También ha desgranado sus aportaciones a la agencia de valores, desde cuentas de Gaesco Inversiones (500 millones de pesetas) y Link Securities (25 millones de pesetas), una póliza de HSBC por 750 millones de pesetas (200 millones) y la sociedad Breston y Promociones Andolini (1.500 millones de pesetas). Además pagó, desde el BBVA, 660 millones de pesetas y otros 260 millones de pesetas de la entidad Gescartera Fondos de Pensiones hasta completar unos 3.165 millones de pesetas (19,02 millones de euros).
Se esfuma la responsabilidad civil del Estado
Según fuentes jurídicas, al rechazar la imputación de los altos cargos de la CNMV y del Gobierno, se cortan las aspiraciones de buena parte de las acusaciones, que buscan la responsabilidad civil del Estado, en concreto, a través de la imputación del ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como otras responsabilidades a partir de los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción y están llamados a comparecer como testigos.
El tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas propuestas por acusaciones y defensas, excepto la referida a Raimab Services SL, sociedad que se quejó, a través de su representante, de no haber recibido copia de las actuaciones pese a haber sido declarado responsable como partícipe a título lucrativo.
Respecto a las peticiones de prueba, el tribunal admite las testificales propuestas por defensas y acusaciones, entre las que figura la comparecencia de Pilar Valiente como testigo, así como otros ex altos cargos de la CNMV como el ex presidente de la CNMV entre 1996 y 2000, Juan Fernández Armesto, y el antiguo director de supervisión del organismo supervisor, Ramiro Martínez Pardo del Valle.
Lo que han sido desestimados son varios estudios periciales caligráficos y económicos que pedían, entre otras defensas, las del principal imputado en el caso, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.
Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí que ha aprobado admitir un certificado médico para demostrar los daños psicológicos que le ha producido el sumario a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, dado tuvo que pasar varios meses en prisión.