El fiscal rechaza imputar a ex altos cargos de la CNMV y el Gobierno por el caso Gescartera

El fiscal Vicente González Mota ha rechazado hoy la imputación de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno en 2001 por "delitos de estafa o de fraude", tal y como pedían ante la Audiencia Nacional casi la mitad de las acusaciones populares y particulares personadas en el caso Gescartera.

En la segunda sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, el Ministerio Público ha rechazado las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, por la juez de instrucción Teresa Palacios.

El fiscal González Mota ha recordado que acusó a 14 personas con Antonio Camacho a la cabeza y que la juez Palacios exculpó ya a otras 39 contra las que las acusaciones habían presentado cargos y, entre las que figura la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex presidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración.

También el fiscal se ha opuesto a la pretensión de las acusaciones, que buscan la responsabilidad civil del Estado, y, en concreto, ha rechazado la imputación para el ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como a los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción.

Por otra parte, González Mota ha ratificado la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y Caja Madrid, ya que esta última -según el fiscal- incumplieron una orden ministerial con su contrato de "subcustodia de valores" con Gescartera.

Las propiedades de Camacho

Otro de los puntos que centró la sesión de la mañana fueron las propiedades inmobiliarias y las hipotecas ligadas al principal acusado de Gescartera , Antonio Camacho, por más de 1,2 millones de euros y que, tal y como expuso el fiscal, se encuentran embargados por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que es el que lleva la pieza de responsabilidad civil de Gescartera.

La defensa de Camacho, a través del abogado Alfonso Trallero, protestó por "extemporáneo" e "irrelevante" el hecho de que se incluyan en este proceso estas propiedades, mientras que varias acusaciones pidieron a Bancaja, entidad con la que se constituyeron los préstamos, que explique las garantías ofrecidas por el fundador de Gescartera.

No a la presentación de nuevas pruebas

Por otro lado, tanto el fiscal como el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que ha abonado más de 26 millones a los clientes de Gescartera en indemnizaciones, se opusieron a las peticiones nuevas de prueba porque podrían producir dilaciones para la resolución del juicio, al igual que hicieron constar la mayoría de las acusaciones.

Además, el fiscal recordó que, en el sumario de más de 50.000 folios, existen ya varios expedientes de la CNMV, reportes sobre movimientos económicos realizados por la Agencia Tributaria y datos suficientes para mantener que, desde 1993, un año después de la fundación de Gescartera , "no contaba con el personal y los medios para mantener esta actividad".

Dimisiones tras el fraude

Pilar Valiente dimitió de su cargo al frente de la CNMV a raíz del caso Gescartera, entidad que precisamente fue intervenida mientras ella era presidenta del organismo supervisor.

Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, también tuvo que abandonar su cargo a raíz del escándalo de la agencia de valores, después de que un diario de su hermana dejara entrever que podría haber mediado a favor de la entidad ante la CNMV.

El fiscal también ha explicado que ya existía una auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se indicaba que, "de encontrarse alguna responsabilidad (en la CNMV), no es por delitos de estafa o por delito de fraude".

Respecto a otros cargos imputados de bancos y del Gobierno, a juicio del ministerio público, "no basta con tener relación con Gescartera " y, por ello, "no existe base que permita la apertura de juicio oral" contra ellos.

No se toleran ausencias

Previamente, la presidenta del tribunal que juzga el caso Gescartera, Carmen González Campos, advertía que ningún acusado puede ausentarse de las sesiones de celebración del juicio oral "bajo ningún concepto". En su opinión, es "sorprendente" que tantas defensas de los imputados hayan pedido "la ausencia de dispensa de los acusados", algo que sí se permitirá a las personas consideradas responsables como partícipes a título lucrativo.

Por lo tanto, según la decisión adoptada hoy por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, seis de los catorce imputados que pidieron la dispensa de comparecer en las sesiones del juicio, que se prolongará hasta el 19 de diciembre, habrán de seguir acudiendo al edificio de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid.