El PP pedirá en el Congreso la ilegalización de ANV y PCTV

El PP ha tramitado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno la ilegalización de ANV y el PCTV y la disolución de los ayuntamientos vascos donde ANV gobierna o forma parte de sus equipos municipales. la iniciativa se someterá a debate en pleno a partir de la semana próxima, una vez recuperada la actividad parlamentaria.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Zaplana, ha sido el encargado de anunciar esta iniciativa en una rueda de prensa, donde ha remarcado que existen plenas posibilidades legales de abordar tanto la ilegalización como la disolución de los consistorios.

"ETA está contra la sociedad y los demócratas se tienen que defender y utilizar todas las herramientas para ello, de manera que los terroristas sepan que se va contra ellos con toda contundencia", ha afirmado el diputado del PP.

El retorno a la actividad terrorista de la banda tras el período de tregua y el hecho de que ANV no haya condenado los últimos atentados de la banda son los presupuestos que para el PP justifican la adopción de medidas contra esta formación política que reclaman en la proposición no de ley presentada en la Cámara Baja.

Zaplana cree que la ley ampara la medida

Zaplana ha asegurado que a su grupo le "da igual" el procedimiento que utilice el Gobierno para ilegalizar ANV, incluida una posible modificación de la Ley de Partidos, porque lo que al final le importa son los resultados obtenidos para que ANV "abandone las instituciones".

Tampoco ve obstáculos legales para la disolución de los consistorios gobernados por un partido que el PP considera que forma parte de ETA, de forma simultánea a su ilegalización, puesto que la Ley de Régimen Local permite adoptar esta medida. "No es nada extraordinario y la ley lo ampara perfectísimamente", ha señalado Zaplana y ha recordado que recientemente se ha aplicado en Marbella.

"Si por otros motivos se disuelve un Ayuntamiento, por formar parte de una organización terrorista, con más razón todavía", ha apostillado.

Bermejo necesita novedades "jurídicamente relevantes"

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que si las circunstancias cambian y existe una novedad "jurídicamente relevante" que pruebe la vinculación de ANV con el entramado etarra actuarán de inmediato, y ha advertido de que "estamos muy atentos a lo que ocurre en ese entorno"

En una rueda de prensa con motivo de la presentación de la memoria de la Abogacía General del Estado, el ministro ha explicado que debe tratarse de "cualquier novedad jurídicamente relevante, no cualquier novedad que pueda tener trascendencia social y periodística".

"Hablamos de novedades con trascendencia jurídica, que supongan la existencia de pruebas que nos permitan actuar ante los tribunales", ha recalcado Bermejo, y ha agregado que si aparecen "actuaremos coherentemente", pero primero "deben producirse esas circunstancias con relevancia probatoria".

El ministro de Justicia ha insistido en que la sentencia del Tribunal Constitucional, dictada días antes de las últimas elecciones municipales y autónomas, dejó "muy claro" que haber ilegalizado ANV "habría sido desproporcionado".

La cadena perpetua no cabe en España

Por otra parte y respecto a la imputación en Francia de los cuatro presuntos etarras detenidos en Cahors por delitos penados hasta con cadena perpetua, el ministro ha señalado que esta pena "en España no podría haberla".

Así, ha recordado que según el artículo 25 de la Constitución, "como no podría ser de otra forma en una Constitución moderna respetuosa con las grandes declaraciones de derechos humanos", la cadena perpetua no puede existir porque la pena privativa de libertad no puede tener como sola finalidad castigar, sino ser compatible con la reinserción.

Además, ha considerado que "tampoco puede decirse" que la pena de cadena perpetua exista en "el mundo civilizado" y ha explicado que en Francia lo que se conoce con ese nombre se trata de "una especie de pena indefinida", ya que es una condena que debe ser revisada por el tribunal pasado un período de tiempo.