La Generalitat cesa a la directiva de la Fundación Intervida y nombra a tres administradores

El departamento de Justicia de la Generalitat ha nombrado hoy, por encargo del juzgado de instrucción, a tres administradores para que gestionen la Fundación Intervida, cuya directiva ha sido suspendida por orden judicial debido a la investigación por un supuesto desvío de fondos. Además, la Policía está registrando la sede central y otras dependencias de la ONG.

Según ha explicado en rueda de prensa la consellera de Justicia, Montserrat Tura, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona les ha remitido hoy un oficio en el que les comunica su decisión de suspender temporalmente los cargos de dirección y gestión de la Fundación Intervida y de sus entidades vinculadas y encomienda al Protectorado de Fundaciones, que depende del departamento de Justicia, que asuma la gestión de esta ONG.

Tura ha pedido a los ciudadanos que sigan confiando en la Fundación Intervida, la tercera ONG más importantes de España, después de Cruz Roja y Cáritas, que cuenta con 346.561 socios y que obtiene la mayor parte de sus recursos económicos a través de los apadrinamientos, una actividad que el pasado año le reportó un volumen de ingresos de unos 88 millones de euros.


Registros de las dependencias

Durante todo el día de hoy la Policía ha registrado la sede central y otras dependencias de la ONG. El registro de la sede central, en el número 77-79 de la calle Pujades, empezó a primera hora de la mañana. A las 14.30, la Policía Judicial seguía registrando la oficina, en la cuarta planta del inmueble.

La juez ha tomado esta determinación una vez admitida a trámite la querella que el Ministerio Fiscal presentó contra esta ONG por los presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, estafa y asociación ilícita. Según la Fiscalía los gestores de la Fundación Intervida habrían desviado millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas e instituciones privadas.

A petición de la propia fiscalía, ha ordenado los mencionados registros al grupo de delincuencia económica de la Brigada provincial de Policía Judicial de Barcelona, los mismos agentes que acompañaron a la fiscal Carmen Martín Aragón en el viaje que ésta realizó a Perú hace cinco meses para investigar in situ las actividades de Intervida en aquel país.

El Ministerio Fiscal ha solicitado también a la juez que oficie a todas las entidades bancarias con las que ha trabajado la Fundación Intervida, para que detallen los movimientos económicos llevados a cabo por la ONG durante los últimos cinco años.


Fondos desviados a empresas de directivos de la ONG

La investigación, hecha pública a principios de abril, comenzó hace cuatro años. Según los datos recabados, durante los ejercicios de 1999 a 2001 se pudieron haber camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento" más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecidos Lácteos. Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.

Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas. No obstante, debe registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat.

Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los "padrinos" se dirigen a programas de atención a la infancia, sin más especificación.