El tribunal de EEUU y los acreedores deberán ratificar el acuerdo alcanzado en Delphi

El acuerdo para el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real, aprobado ayer en referéndum por los trabajadores de la factoría, debe ser ratificado por el tribunal que sigue el procedimiento de concurso del grupo en Estados Unidos y por la comisión de acreedores de la corporación.

Está previsto que tanto el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, encargado de la suspensión de pagos de Delphi en Norteamérica, como la comisión de acreedores de la multinacional celebren sendas reuniones el próximo 19 de julio para pronunciarse sobre el acuerdo entre dirección y comité de empresa de la fábrica gaditana.

La ratificación de este acuerdo en Estados Unidos cuenta con el apoyo de la administración concursal española, formada por el abogado gaditano Adalberto Cañadas y por Enrique Bujidos, socio de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

Una vez ratificado el acuerdo, la administración concursal se encargará de velar por el cumplimiento y la terminación del procedimiento mediante la modalidad de convenio.

El 'caso Delphi' es el mayor concurso que ha habido en España desde la entrada en vigor de la nueva ley hace casi dos años, tanto por el número de trabajadores afectados como por la repercusión social y económica del cierre de la planta.

Casi el 90% de los trabajadores de Delphi en Puerto Real votaron ayer a favor del acuerdo alcanzado entre dirección y comité de empresa, que contempla el pago de indemnizaciones por un importe total de 120 millones de euros, dado que se abonarán 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

Este acuerdo contempla además la cesión a la Junta de Andalucía o a quien el Ejecutivo regional designe de los activos de la factoría, incluidos los terrenos, las naves industriales y la maquinaria, valorados en torno a 170 millones de euros, si bien la intención inicial es que el Gobierno andaluz y los sindicatos gestinen conjuntamente dichos activos.