El CGPJ suspende a un juez de Marbella por supuestos delitos de cohecho y prevaricación

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por unanimidad en una reunión extraordinaria suspender cautelarmente de funciones al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, al existir sospechas de que podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en relación con la 'Operación Malaya'.

El portavoz del Consejo, Enrique López, explicó hoy que el acuerdo, se ha producido después de ser informado el CGPJ de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias penales contra el juez por la comisión de unos presuntos delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo que se pronunció ayer.

El auto por el que se ordena la apertura de juicio oral contra el magistrado se limita, explicó López, a poner en conocimiento del CGPJ el hecho de que se ha abierto ese procedimiento como consecuencia de la posible comisión de una serie de hechos que podían ser constitutivos de delito. "Lo que sí puedo anunciar es el que los hechos están relacionados con la investigación de lo que denomina en general 'Operación Malaya'", precisó el portavoz del CGPJ.

Diligencias secretas

La ejecución de la suspensión será llevada a efecto por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los próximos días. Las diligencias penales están declaradas secretas "para tratar de defender y asegurar la investigación criminal respecto a estos hechos", añadió.

López detalló que el CGPJ ha actuado en aplicación de lo previsto en el artículo 283.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determina que es una causa de suspensión cautelar el haber ordenado proceder contra un juez por la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

"Se ha actuado como siempre, con la celeridad y la diligencia que estos casos aconsejan. Esto pone de manifiesto que nuestra Justicia aplica de una forma absolutamente efectiva y eficaz el principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos ante la Ley", agregó.

En cuanto al periodo de tiempo durante el que se prolongará la suspensión cautelar López destacó que cuando se acuerda ésta por la incoación de un procedimiento penal por delitos cometidos por un juez, "dura el tiempo que dure la investigación y el enjuiciamiento, salvo que hubiera una resolución posterior que aconsejara alzar esa suspensión".

Por su parte fuentes del órgano de Gobierno de los jueces indicaron que la competencia corresponde al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en este caso el de Andalucía, debido a la condición de aforado del acusado. Añadieron que el juez instructor del 'caso Malaya' Miguel Angel Torres, compañero de Juzgado de De Urquía, se topó por casualidad con el nombre del magistrado y lo remitió al organismo correspondiente.

El juez de Urquía declarará en los próximos días por las diligencias abiertas contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una comparecencia que podría producirse incluso mañana, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Confianza en el poder judicial

El juez suspendido ha sido el instructor del denominado caso 'Hidalgo', que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados por el momento, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete.

Ante la comisión de estos delitos por parte de un magistrado -el de prevaricación es el más grave que puede cometer un juez- el portavoz del CGPJ quiso realizar "una llamada a sociedad española para que conserven su confianza en el poder judicial".

"Los jueces relacionados con la comisión de delitos en nuestro sistema han sido excepcionales, podemos confiar plenamente en nuestros jueces y en nuestro sistema cuando es llamado a actuar contra jueces que han podido quebrantar la ley", dijo.

Destacó que el CGPJ es consciente de que cuando un juez quebranta la ley en el ejercicio de sus funciones el hecho conlleva "una mayor repercusión pública" ya que se trata de aquel que tiene como objetivo perseguir el delito y enjuiciarlo. "Por ello queremos hacer esa llamada de tranquilidad a la sociedad española, nuestro sistema judicial goza de muy buena salud y cuenta con jueces independientes y profesionales que en su inmensa mayoría, en la casi totalidad, son jueces que cumplen todos los días con la ley y la hacen cumplir", destacó.