ETA recurrió a secuestros exprés de empresarios para cobrarles el «impuesto revolucionario»
La banda obtuvo 700.000 euros en 2002 al emplear este método con tres industriales navarros
Actualizado:Contabilidad de la tesorería general de ETA intervenida por la Policía gala en Francia revela que el aparato de extorsión, denominado 'Gezi' en clave interna, ha puesto en práctica un nuevo sistema recaudatorio bajo el nombre de secuestro exprés consistente en retener durante una horas a un empresario y obligarle a firmar un pagaré bajo amenazas.
Los archivos confiscados a finales de 2002 en Tarbes (suroeste) a Ibon Fernández Iradi, 'Susper', testimonian que 'Gezi' obtuvo una suma global de 700.000 euros durante el trimestre de ese año en que el entramado de cobro del 'impuesto revolucionario' estuvo bajo la presunta responsabilidad del citado supuesto ex dirigente del aparato militar.
Tres víctimas en Navarra
En los papeles de 'Susper' figuran tres víctimas del procedimiento de chantaje del que no existe constancia pública de denuncias oficiales en España. Se trata de tres empresarios navarros a quienes los cobradores eligieron como objetivos de sus recordatorios personalizados de las deudas contraídas en concepto de 'impuesto revolucionario'.
A S.A.G, un chatarrero, le reclamaron 300.000 euros; a J.M.G.M, un industrial, le pidieron otro tanto; y a M.P.S, otro industrial, le exigían 210.000 euros.
Los especialistas antiterroristas franceses subrayan que el nuevo modo operatorio sustituye a los secuestros convencionales de móvil económico que requieren una logística importante y presentan riesgos elevados para los activistas encargados de vigilar al cautivo -el último fue el de Cosme Delclaux, liberado el 1 de julio de 1997, el mismo día que Ortega Lara-.
Firma bajo presión
Durante la retención momentánea en el monte o un lugar despoblado, la víctima se ve forzada a firmar un reconocimiento de deuda con ETA y es informada de las modalidades de saldarla, así como de las represalias en caso de impago.
El secuestro exprés es una de las evidencias que maneja la Justicia francesa para procesar, por primera vez, a dos presuntos ex dirigentes de ETA por el delito de extorsión de fondos en banda organizada con fines terroristas, delito penado con un máximo de 30 años de prisión.
Esta inédita doble imputación, en dos sumarios diferentes, obedece al descubrimiento de pruebas documentales sobre el cobro en Francia del 'impuesto revolucionario' a empresarios españoles, cuyos datos han sido transmitidos a la Audiencia Nacional.
La juez antiterrorista Laurence Le Vert ha dictado autos de apertura de juicio oral, aún sin fecha, ante un tribunal especial de París por estos y otros hechos contra 'Susper' y contra Iñaki Esparza Luri, 'Ana', supuestos ex jefes de los aparatos militar y logístico.