El Tribunal de Cuentas recomienda cambiar las competencias del Consorcio para dar más poder Pleno

El Tribunal de Cuentas recomienda modificar el modelo de reparto de competencias entre los órganos de administración del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz para otorgar más poder al Pleno y que asuma la facultad de contratación.

Así consta en el informe fiscalizador del periodo 2000-2004 que el presidente de dicho órgano, Ubaldo Nieto, explicó ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en el Congreso.

El senador del PP José Blas Fernández -la Comisión la integran diputados y senadores- y el diputado socialista y candidato de este partido a la alcaldía de Cádiz, Rafael Román, se cruzaron durante el debate diversas descalificaciones.

Blas Fernández, al término de la sesión de la Comisión y en declaraciones a los periodistas, opinó que el candidato del PSOE al Ayuntamiento gaditano intenta "ganar votos" a partir de posibles casos de corrupción del Consorcio de la Zona Franca, en vez de hacerlo "pateando las calles de Cádiz".

Recordó que sobre Román, al que tildó de "ave carroñera política", existen hipotéticos casos de corrupción cuando ocupó la presidencia de la Diputación Provincial.

El informe del Tribunal de Cuentas, aunque señala una serie de mejoras en la gestión respecto al periodo anterior (1997-2000), propone que en los estatutos del Consorcio las facultades de crear sociedades mercantiles y adquirir participaciones mayoritarias correspondan al Gobierno y al Pleno, la concesión de préstamos en cuantía "importante y significativa" sobre el total de recursos.

Al Delegado del Estado se le atribuiría, entre otras, la enajenación de bienes inmuebles.

El informe del órgano fiscalizador, en el capítulo de conclusiones, destaca que, en lo que se refiere a contratación, el reparto de facultades no se ha alterado a pesar de la recomendación que en sentido contrario hacía el Tribunal de Cuentas.

Según el informe, en el periodo 1997-2000 el Pleno, que preside siempre el alcalde de Cádiz, quedaba "desvinculado" de uno de los "aspectos más relevantes de la entidad".

Asimismo, según el texto, "el Pleno del Consorcio no tenía conocimiento de las actuaciones inversoras", ya que las se le presentaban "no recogían la inversión real y financiera prevista".

El Tribunal de Cuentas aprecia "deficiencias" en lo que atañe al control de los gastos de viaje, por lo que recomienda "una regulación específica" de la autorización, justificación y liquidación de los mismos.

El informe, además, hace referencia al contrato de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (RISCO), de la que es único accionista el Consorcio, con Miami Free Zone y Telvent, que, entre otras irregularidades, carece de los informes técnicos preceptivos y cuya adjudicación se llevó a cabo sin acuerdo previo que la autorizase.

Se ocupa también de la adquisición de la participación mayoritaria en el Grupo de alimentación Quality, operación que, según revela el Tribunal de Cuentas, se efectuó sin cumplir lo acordado por el Comité Ejecutivo al respecto, sin análisis de la documentación contable y sin constancia de que, hechos los pagos, fuera informado el propio Comité Ejecutivo.

El senador popular José Blas Fernández manifestó que el citado informe "corrobora la mejora de la gestión del consorcio" durante el periodo que abarca el informe, mientras que para Rafael Román el texto resulta "demoledor" por cuanto desvela "una gestión llena de escándalos e irregularidades".

La diputada del PP Fátima Báñez criticó al candidato socialista a la alcaldía de Cádiz por "intentar ganar votos" en el Congreso y diseñar "un montaje político".