El Tribunal Supremo prohíbe por unanimidad la inscripción de ASB en el registro de partidos políticos

La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad, y tras dos horas de reunión, prohibir la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, al considerarlo continuador o sucesor de la ilegalizada Batasuna.

La inscripción se encontraba suspendida desde el pasado 27 de marzo al encontrarse por parte del Ministerio de Interior indicios que le hicieron remitir el caso a la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dará a conocer el auto en el que argumentará su decisión la próxima semana. Previsiblemente en él hará suyas las alegaciones planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la vista celebrada hoy.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha explicado durante su intervención que la cronología de los hechos permite comprobar el ánimo defraudatorio de los partidos ilegalizados, que en esta ocasión se ha caracterizado por cierta "hiperactividad", consistente en que primero se intentó burlar la sentencia de ilegalización de Batasuna de marzo de 2003 con "la creación de un nuevo partido político que es ASB".

Al fracasar esta opción, se presentaron las agrupaciones electorales anuladas por el Supremo y el Constitucional la semana pasada por ser continuadoras de Batasuna. Después se puso en práctica "la utilización parcial de un partido ya constituido", Acción Nacionalista Vasca (ANV).

El porqué de la prohibición

Martín Casallo ha citado como argumentos que dos de sus promotoras, Marijé Fullaondo y Tomasa Alejandro han formado parte de la Mesa Nacional de Batasuna y han desarrollado diversas actividades políticas. Además, la primera está imputada por integración en la organización terrorista ETA en la causa seguida por el juez Baltasar Garzón contra la formación ilegalizada.

También se ha refirido a que tiene similitud organizativa con Batasuna, al constar de una Mesa Nacional como órgano superior, y a que este término ha excedido el mero significado que pueda tener en euskera ("unidad") para servir como definición de los miembros de la izquierda abertzale.

El teniente fiscal del Supremo ha concluido su intervención rechazando las críticas de la defensa a la ley de partidos y asegurando que lo que persigue es "defender nuestro sistema jurídico frente a tramas defraudatorias que pretenden continuar la actividad de un partido disuelto".

Batasuna crtica al Gobierno

Antes de que se conociera el fallo, el dirigente de la ilegalizada Batasuna Joseba Álvarez ha criticado al presidente del Gobierno por dar una "patada al proceso", lo que supone, a su juicio, una "situación especialmente grave".

Independientemente de la resolución, Álvarez reiteró su compromiso con la "resolución del conflicto" a pesar de que los "acontecimientos" ocurridos en las últimas semanas evidencian, a su juicio, que el Ejecutivo "dice no al proceso".

"El Gobierno está en una situación de decir no a unas elecciones democráticas y al avance en la resolución del conflicto y eso sólo lo puede mantener con el apoyo inestimable del PNV", ha añadido.

Competencia de Grande-Marlaska

El juez Fernando Grande-Marlaska ha solicitado al magistrado Ismael Moreno, juez decano de los de instrucción de la Audiencia Nacional, que avale su competencia para tramitar la querella interpuesta ayer ante su juzgado por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra ocho dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por un supuesto delito de integración o colaboración con ETA, al considerar que este partido es sucesor de la ilegalizada Batasuna.

Con la presentación de esta querella ante Grande-Marlaska , quien se encontraba ayer de guardia en la Audiencia Nacional, la asociación de víctimas pretende sustraer de este asunto al juez Baltasar Garzón, que ya el pasado 28 de abril se opuso a suspender cautelarmente de actividades a ANV en una decisión enmarcada en el sumario 35/02 , en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga la posible relación entre ETA y la red de herriko-tabernas vinculadas a Batasuna. Según fuentes de esta acusación, se espera conseguir resoluciones favorables mediante el cambio de magistrado.

En un auto dictado hoy, el juez Grande-Marlaska señala que las normas de reparto que existen en la Audiencia Nacional "pudieran aparejar razonablemente" su competencia en este asunto aunque, en vez de limitarse a admitir o inadmitir la querella, realiza una consulta al juez decano al respecto "con el fin de garantizar, de conformidad a nuesta Carta Magna, el principio de tutela judicial efectiva en su manifestación de juez ordinario predeterminado por la Ley".