Un complejo proceso judicial

La sentencia de la Audiencia de Valencia que condena a 1.933 años de prisión al anestesista Juan Maeso por contagiar la hepatitis C a 275 pacientes de diferentes hospitales llega casi 20 años después de que se produjeran las primeras transmisiones del virus, registradas en 1988.

El conocido popularmente como "caso Maeso " se destapó diez años después, en marzo de 1998, al conocerse que un grupo de personas intervenidas quirúrgicamente en diferentes hospitales de Valencia tenía el virus de la hepatitis C.

La vista oral por estos hechos, una de las de mayor envergadura de la historia judicial española y que requirió la habilitación de una sala especial de 700 metros cuadrados, comenzó el 12 de septiembre de 2005 y finalizó el pasado 26 de febrero, tras la declaración de más de 600 testigos.

El juicio comenzó con la declaración del único acusado, Juan Maeso, quien aseguró ante el tribunal desconocer si padecía el virus y negó ser consumidor de opiáceos y haberse inyectado anestésico con la misma aguja que empleaba después para los pacientes.

Desde entonces, han comparecido ante el juez más de 600 testigos, entre afectados, médicos y directivos de los hospitales en los que se detectó el contagio, así como diferentes cargos políticos de la Conselleria de Sanidad.

En el proceso han participado asimismo cerca de un centenar de peritos y un total de 153 abogados y 114 procuradores, y aunque el único acusado por el contagio de la enfermedad es Maeso, también existen siete responsables civiles directos y 37 subsidiarios, entre ellos la Generalitat y diferentes aseguradoras.

Complejidad de las pruebas

Las hipótesis eran confusas, sobre todo para los que descubrieron ser portadores de un virus cuya existencia hasta el momento desconocían, pero las investigaciones de las autoridades autonómicas encontraron un nexo entre los afectados: el doctor Juan Maeso, el anestesista que los atendió durante su intervención.

La complejidad de las pruebas -análisis genéticos y epidemiológicos, entre las más simples-, la demora de los diferentes pasos del proceso -debido en parte al gran número de partes personadas-, y los continuos recursos a las diferentes resoluciones judiciales prolongaron la instrucción durante más de siete años, en los que se formó un sumario compuesto por 22.000 folios divididos en 37 tomos.