Roca niega haber inducido a ediles para aprobar licencias urbanísticas

El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha negado haber inducido a los ediles que integraban las comisiones de gobierno para aprobar tres licencias urbanísticas sobre las que se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Roca fue trasladado hoy desde el centro penitenciario de Albolote (Granada), donde permanece en prisión preventiva por el "Caso Malaya", para comparecer como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez-Medel, en relación con siete causas urbanísticas.

Según apuntó su abogado, José Aníbal Álvarez, el ex asesor urbanístico prestó hoy declaración por tres de las citadas diligencias y, ante la falta de tiempo, la juez decidió suspender su comparecencia por las cuatro restantes hasta el 8 de junio.

El letrado precisó que la juez imputa a Roca un delito por inducción contra la ordenación del territorio y resaltó que las tres licencias concedidas por la comisión de gobierno contaban con los informes favorables del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Jorge González, así como del secretario y del interventor del Consistorio.

Niega participar en la concesión de licencias

Destacó que inducir a los concejales que formaban la comisión de Gobierno "resulta complicado" y subrayó que el ex asesor urbanístico aseguró en su declaración no haber tenido "ninguna intervención" en la aprobación de las licencias. Álvarez indicó que dos de las tres obras investigadas a las que el Ayuntamiento otorgó permiso de obras no llegaron a ejecutarse y aseguró que Roca afirmó ante la juez no haber tenido ninguna participación en la concesión de las licencias urbanísticas.

Recordó que el origen de este tipo de causas judiciales se corresponde con la discusión sobre la validez del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986 o el aprobado por el Ayuntamiento en 1998, texto que fue anulado posteriormente por la Junta de Andalucía.

Entre las siete causas por las que estaba previsto que declarara hoy están las diligencias incoadas en virtud a la denuncia del PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2004 contra el equipo de Gobierno por la concesión de una licencia de obras en 2002 para la construcción de 124 viviendas en suelo no urbanizable.

Otro de los procedimientos se corresponde con la querella por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y estafa en grado de tentativa presentada por Orfila Cinco S.A. contra el Ayuntamiento de Marbella y las empresas Jardín del Mediterráneo S.A. y Cofisur 98 S.L. La querella fue interpuesta en agosto de 2002 por la concesión de licencias para construir en la finca Huerta de las Merinas, en la ribera del río Guadalpín, en un suelo calificado en el PGOU de Marbella de 1986 como zona verde pública.