El tribunal del 11-M rechaza el careo entre Díaz de Mera y su presunta fuente

El tribunal que juzga el 11-M ha denegado el careo entre el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera y el comisario Enrique García Castaño, solicitado por varias acusaciones por estimar el primero que el mando policial mintió al decir que no habló de un informe que vinculaba ETA al 11-M.

En su auto, el tribunal considera de forma genérica que "no concurre el presupuesto necesario para la admisión del careo", ya que no cree que sea necesario, tal y como establece la ley, para "comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados" por los atentados del 11-M.

Además, tampoco admite los testimonios solicitados por la Fiscalía en relación con este asunto "porque ya ha depuesto en la vista la llamada fuente directa" del testigo y "se ha practicado o están pendientes de practicar otras pruebas que permitirán al tribunal valorar la credibilidad del testimonio".

La Guardia Civil supo en 2002 que existía tráfico de explosivos

El Jefe de la Intervención Central de Armas José Luis Bayona ha expuesto ante el tribunal las normas contempladas en el reglamento anterior a marzo de 2004 relativo a explosivos y ha admitido que según este la dinamita no consumida debía o bien "consumirse en el momento o devolverse a los depósitos", cosa que según han expuesto varios testigos ante la sala no ocurría en el caso de Mina Conchita, de donde se robaron los explosivos utilizados en los atentados.

Esta norma, cuya aplicación en minas dependía de la Guardia Civil se estableció al detectar "posibles fugas de material explosivo que se sospechaba se producían en el sobrante", ha afirmado el testigo. Era, ha explicado, "una medida de seguridad pública". El agente ha comentado que el reglamento reducía su exigencia a informes en la autorización de los consumidores habituales y no se preveía la presencia de la Guardia Civil durante el consumo de explosivos.

Se ha referido, además, a una circular de 18 de septiembre de 2002 que solicitaba a los interventores que permanecieran vigilantes durante el proceso de voladuras. Ante la imposibilidad de que la guardia civil pudiera estar presente en ese proceso se incluía la recomendación de que se impusiera la presencia de vigilantes que fueran controlados por Intervención de la Guardia Civil, todo ello sin perjuicio de que acudiera, cuando fuera posible.

No se detectaron anomalías en 2003

El cabo interventor de Armas de la Guardia Civil de Salas, encargado de las inspecciones técnicas y documentales de las Minas de Caolines de Merilles, Gabriel García, que ha declarado como testigo-perito ha destacado que durante el año 2003 no se detectaron anomalías en Mina Conchita ni hubo "errores de ningún tipo en los libros".

Ha señalado que durante el 2004 hubo dos fallos en las anotaciones, correspondientes al 21 de enero de 2004 y 1 de marzo de 2004 que fueron justificadas por el acusado Emilio Llano, vigilante de la explotación y por el director facultativo de la misma. En el primer caso Llano aportó un estadillo en libro suplente que indicaba que se trataba de un error documental en un consumo de dinamita. En el caso de marzo tanto Llano como el director -"personas en las que se tenía confianza", dijo"- comunicaron que se habían documentado dos consumos en una misma anotación.

El cabo ha descrito las inspecciones realizadas en la mina. Así, ha expuesto que esta se hace una vez al año y en ella se comprueba que los mini polvorines estén útiles, los explosivos almacenados respondan a las cantidades legalmente permitidas y que la explotación cuente con las autorizaciones necesarias. Se realiza también un control de los documentos que debía en aquella época cumplimentar la mina, el libro de consumo y la guía de circulación de explosivos.

Aviso de tres confidentes

El capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, Pedro Marful, ha indicado que se le "escapan los motivos" del fracaso en la creación de un equipo mixto constituido por personal de las Comandancias de Oviedo y Gijón con objeto de investigar las confidencias ofrecidas por Francisco Javier Fernandez Díaz, conocido como 'Nayo', Lavandera y Rafa Zouhier respecto a la existencia de una red de tráfico de explosivos en Avilés gestionada por José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro.

Ha detallado que tras las informaciones ofrecidas por 'Nayo' que apuntaban a que existencia de unos 200 kilos de explosivos que no habían sido localizados en la conocida como 'Operación Pipol' y dado que los datos apuntaban a Avilés se celebró una reunión con personal de la Comandancia de Gijón, a quien correspondía territorialmente esta ciudad asturiana para intercambiar información y estudiar la posibilidad de conformar este grupo mixto. No obstante, la creación del equipo fracasó.