La Abogacía del Estado recurrió 253 listas de Abertzale Sozialistak, tres más que la Fiscalía. /EFE
elecciones del 27 de mayo

El Gobierno impugna 122 candidaturas de ANV y la Fiscalía doce menos

El Supremo no entregará copia del censo a las candidaturas de Abertzale Sozialistak (AS) e independientes impugnadas

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El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha impugnado hoy 122 de las 256 candidaturas que el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) ha presentado en el País Vasco y Navarra para las elecciones del próximo día 27 mientras que la Fiscalía General del Estado ha decidido impugnar doce menos.

Así lo han anunciado el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, al entregar en el registro del Tribunal Supremo la demanda de impugnación de las citadas listas y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Según Bardají, el criterio seguido por la Abogacía del Estado ha sido el de impugnar las listas compuestas en al menos un 20 o 30 por ciento de candidatos vinculados con la ilegalizada Batasuna.

Los recursos se dirigen contra siete candidaturas a Juntas Generales (una de Álava, dos de Vizcaya y cuatro de Guipúzcoa), la candidatura al Parlamento de Navarra, 17 candidaturas municipales en Álava, 21 municipales en Guipúzcoa, 59 municipales en Vizcaya y 17 candidaturas municipales en Navarra.

Los argumentos que soportan el recurso de la Abogacía son que se ha detectado la existencia de una triple estrategia de Batasuna para participar en las elecciones del 27 de mayo "obviando su ilegalización". Esta triple estrategia es inscribir un nuevo partido en el Registro del Ministerio del Interior, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB); presentar agrupaciones electorales, Abertzale Sozialistak (SA); y utilizar en la medida de lo posible las listas electorales de un partido legal, ANV .

La Fiscalía impugna las listas "manejadas" por Batasuna

Según Conde-Pumpido, la Fiscalía ha actuado con criterios "estrictamente jurídicos y de Derecho" por lo que sólo ha impugnado las candidaturas en las que hay "prueba suficiente" de que han sido "manejadas, dirigidas o manipuladas" por una formación ilegalizada, en referencia a Batasuna. Estos criterios, según ha detallado, han tenido en cuenta que "al menos" hubiera en cada lista tres personas vinculadas con Batasuna o que, si sólo hubiera una, ésta tuviera un carácter "relevante" en la estructura organizativa de la formación ilegalizada.

Ha señalado que en las listas de ANV rechazadas se han encontrado "pruebas directas" de su vinculación a Batasuna y se refirió, en concreto, a la documentación incautada al presunto etarra Gorka Murillo, detenido el pasado 27 de abril y a quien el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó de elaborar listas de Abertzale Sozialistak y de ANV en Ultzama (Navarra).

Estas demandas de impugnación se unen a las que la Sala Especial del Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa contra las agrupaciones electorales que trataban de concurrir a los comicios bajo la denominación Abertzale Sozialistak y otras independientes que también fueron encontrads fraudulentas tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado. La Fiscalía impugnó ayer un total de 250 de estas candidatauras, mientras que la Abogacía del Estado hizo lo mismo con respecto a 253.

No entrega del censo a AS

Hoy mismo, la llamada 'sala del 61' del Tribunal Supremo ha acordado acceder a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado de no entregar copia del censo electoral a las candidaturas de Abertzale Sozialistak (AS) e independientes impugnadas.

La sala especial dice que, de prosperar el recurso contra estas listas, "nos encontraríamos ante una agrupación electoral sucesora y continuadora de un partido político ilegalizado y disuelto por su vinculación con el terrorismo, por lo que la obtención de los datos censales actualizados de los ciudadanos podría conllevar un importantísimo riesgo para la seguridad de muchísimos de ellos".

Por otra parte, la 'sala del 61' ha acordado en otra resolución admitir a trámite las impugnaciones presentadas esta pasada medianoche por el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado y dar un plazo, que concluirá a las 18:00 horas de mañana, para que los representantes de las candidaturas impugnadas se personen en el procedimiento y efectúen sus alegaciones.

Aplicar «a medias» la Ley de Partidos

Esta mañana, el presidente del PP, Mariano Rajoy, había avisado al Gobierno de que la ley "no se puede aplicar a medias" porque si se hace, Batasuna "volverá a las instituciones y a los plenos de los Ayuntamientos", y le ha exigido de nuevo que impugne la totalidad de las listas electorales de la organización ilegalizada. Ayer, la Abogacía del Estado recurrió 253 listas de Abertzale Sozialistak, tres más que la Fiscalía.

El líder del PP ha señalado que el país está en un "momento decisivo" porque el Gobierno "está decidiendo si actúa o no contra las candidaturas que ha presentado Batasuna". "Si yo fuera presidente del Gobierno impugnaría el 100% de las candidaturas y luego respetaría lo que dijeran los tribunales". Además, ha explicado que la ilegalizada Batasuna ha utilizado tres instrumentos -ASB, ANV y distintas plataformas electorales- para estar presente en las elecciones.

Otegi sigue con las advetencias

La postura de Rajoy choca frontalmente con las declaraciones de Arnaldo Otegi en Euskadi Irratia. El portavoz de Batasuna asegura que no tendría "argumentos" para defender en el País Vasco la posibilidad de desarrollar un proceso de paz y normalización política si la izquierda abertzale no puede presentarse a las elecciones.

Otegi opina que si el Gobierno y la Justicia impiden la participación de la izquierda 'abertzale' estarán diciendo "que no quieren un proceso democrático" en el País Vasco con este sector político. Reconoce que ASB no condena en sus estatutos la violencia, pero argumenta que ANV sí lo hace pero se impugnan sus candidaturas por miedo del Gobierno a los "muy buenos resultados" que obtendría en los comicios. Además, ha reconocido que ETA debe "dejar las armas" y "abandonar la lucha armada", pero dentro de un "proceso integral" que aborde las raíces políticas del conflicto mediante un acuerdo entre los partidos vascos.