ETA quería presionar al Gobierno utilizando sus intereses en el proceso

ETA decidió a finales del pasado año aprovecharse de los intereses, entre ellos los electorales, que tenía el Gobierno en que el proceso de paz tuviera éxito para presionarle. Al mismo tiempo, la banda planificó una estrategia prioritaria encaminada a hacer aparecer al Ejecutivo como el responsable de la ruptura de la tregua, según documentos internos de la banda terrorista.

En noviembre del pasado año, casi dos meses antes de la colocación del coche bomba de Barajas que provocó la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos y la ruptura de la tregua, la dirección de la banda terrorista difundió entre sus militantes algunos documentos en los que explicaba la situación del proceso del diálogo con el Gobierno y las líneas principales de la estrategia de ETA.

La ruptura de la tregua, en términos políticos

En uno de esos documentos, la dirección de la banda sostiene que "la izquierda abertzale y la Organización" (ETA) tienen que aparecer ante la opinión pública "haciendo nuestra la bandera del proceso", mientras que el Gobierno debe aparecer como "el que rompe el proceso, no nosotros". "Hay que llevar el proceso hasta la pared de la negación política, hasta los topes políticos que pone el Gobierno español -añade ETA-. Ahí tiene que surgir el choque. Hay que escenificar la ruptura en esos términos, en los términos políticos por encima de los términos represivos".

El documento, que pone en evidencia que dos meses antes del atentado de Barajas ETA ya estaba planificando la ruptura de la tregua, añade que "tenemos que convertir la necesidad que el Gobierno español tiene para con el proceso (intereses electorales, entre otros) en nuestro núcleo de fuerza. Tiene que ser un factor que usemos a nuestro favor a la hora de diseñar nuestras iniciativas y nuestra estrategia de presión".

La dirección etarra explica a los miembros de la banda que tienen que conseguir un "equilibrio" entre "la presión y dejar abiertas las posibilidades". El documento explica que la intervención de ETA debe ser entendida como "un instrumento para conseguir" sus objetivos políticos.

El "menor coste político" para la 'izquierda abertzale'

En los documentos de noviembre ETA habla de "la intervención" que va a realizar la banda terrorista y expresa su propósito de hacerlo de modo que sea el Gobierno el que parezca el responsable: "La intervención de la Organización [ETA] debe ser en la lógica del proceso, en la lógica del proceso que queremos hacer. La Organización no rompe nada, sino que responde a una situación. Eso hará comprensible nuestra intervención".

Añade ETA que busca "un modo de intervención" que provoque "el menor coste político a la Organización y a la izquierda abertzale". "Tenemos que evitar las contradicciones -agrega el texto-. Eso facilitará la comprensibilidad de nuestra iniciativa". La organización terrorista afirmaba que el Gobierno trataba de poner "sobre la espalda" de ETA la responsabilidad de la ruptura y que frente a ese planteamiento "nosotros tenemos que dar la vuelta a esa situación y a ese esquema".

Poco después de la difusión de este documento en las filas de ETA, las conversaciones secretas que mantenían el PSE, el PNV y Batasuna se rompieron después de que en la última reunión tripartita, celebrada el 15 de noviembre, la izquierda abertzale acudiera con nuevas exigencias que hicieron saltar el preacuerdo que se había alcanzado en el mes de octubre.

Reunión de mediados de diciembre con el Gobierno

Por otra parte, el documento hace referencia a la siguiente reunión que ETA pretendía mantener con los representantes del Gobierno español y que, finalmente, se celebró en la primera quincena de diciembre. La organización terrorista dice que había que aprovechar ese encuentro para "profundizar en el contenido político" y adelantaba que iba a plantear en esa reunión "como elemento político principal los mínimos puestos por Batasuna para el acuerdo" en la mesa de partidos.

Señalaba, además, que ETA iba a utilizar esos "mínimos" para medir los compromisos que el Gobierno estaba dispuesto a adquirir y afirmaba que el Ejecutivo socialista debería "explicar su decisión con claridad". "O se aceptan esos mínimos en ese acuerdo y, por tanto, hay proceso; o el Gobierno de España decide que no hay proceso porque no está dispuesto a aceptar esos mínimos. Tiene que dejar clara esa posición", sentenciaba ETA.