López y Ares dicen que su reunión con la «izquierda abertzale» fue «legal y legítima»

Los dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, han afirmado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que su reunión del 6 de julio del pasado año "con la izquierda abertzale" fue "plenamente legal y absolutamente legítima" desde el punto de vista político, "teniendo en cuenta la honorabilidad de los objetivos perseguidos".

Tras recordar que las personas con las que se reunieron -Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia- "no estaban ilegalizadas porque tenían sus derechos civiles y políticos plenamente vigentes", aseguró que el encuentro tuvo carácter "excepcional", por lo que no se reproducirán estos encuentros hasta que la izquierda abertzale cuente con "una fuerza legal". Además, destacó que el objetivo de su partido "era y sigue siendo" el de conseguir "que no se vuelva a matar más por ideas políticas".

López y Ares ofrecieron una rueda de prensa a las cinco de esta tarde en la sede del PSE-EE de Bilbao para informar sobre el contenido de su declaración hoy como imputados ante el juez-instructor, Roberto Sáiz, por reunirse con la formación ilegalizada.

El líder del PSE-EE afirmó que han comparecido en sede judicial "con absoluta serenidad, sin ningún tipo de alharacas, ni organizando actos callejeros de adhesión partidista para, de alguna manera, condicionar al Poder Judicial" porque los socialistas creen "en el sistema de libertades y en la independencia de la Justicia".

Actuación conforme a la legalidad

López y Ares explicaron al juez instructor "la razones" que adoptaron de reunirse con la izquierda abertzale, desde el convencimiento de que, al celebrar el encuentro, no cometían "ninguna ilegalidad". "Confiamos, por ello, en que los jueces nos darán la razón y esta querella se quedará en absolutamente nada", afirmó el secretario general del PSE.

En este sentido, fue contundente al asegurar que actuaron, "en todo momento, conforme a la legalidad" porque no se reunieron con una formación política ilegalizada, sino con personas que, en cuanto tales, no estaban ilegalizadas y, por lo tanto, tenían sus derechos cívicos y políticos plenamente vigente".

Los representantes socialistas imputados subrayaron en el TSJPV "que no se han vuelto a celebrar reuniones como aquélla" ni se desarrollarán en el futuro a no ser que la izquierda abertzale "cuente con una formación legal que la represente y que respete las reglas del juego democráticas y los derechos humanos".

Convencer de la renuncia a la violencia

Asimismo, explicaron que, en el encuentro, comunicaron a los dirigentes abertzales "que, sin respeto a las reglas del juego del sistema de libertades, resulta imposible hacer política" e intentaron "convencerles de la necesidad de renunciar y alejarse de la violencia como medio para conseguir objetivos políticos", con el fin de que "diera los pasos necesarios para poder legalizarse y poder así, dentro del respeto a las leyes, participar en la vida política", apuntó.

En esta línea, insistieron en que, durante la entrevista, les dijeron que no les querían "fuera del sistema democrático, sino dentro, representando al sector de la sociedad vasca que les apoya, pero en igualdad de condiciones que el resto de los partidos democráticos vascos". "Les dejamos claro que aspiramos a que, quienes eran y son parte del problema, acabaran siendo parte de la solución", insistió Patxi López.

Por ello, se mostró "absolutamente convencido" de que, "tal y como son, han sido y están las cosas, este proceso va a acabar en absolutamente nada porque no hay nada constitutivo de delito, no había prohibición, no había nada".

Comparecencia de Otegi

Por su parte, Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia -que comparecieron de manera previa a los representantes del PSE-EE- se han negado a responder a las preguntas del magistrado y de las partes, aunque, como ha sucedido en anteriores ocasiones, han realizado una declaración en la que han admitido que se han reunido con los partidos políticos con el fin de solucionar el conflicto en base a sus "derechos civiles y políticos". Otegi también ha pedido la desactivación de la ley de Partidos para "un proceso democrático".