El PP cree que la libertad a Otegi es un "escándalo" y el Gobierno la ve "normal"

Aún sin apagar de forma definitiva el fuego creado por el caso De Juana, el Gobierno se enfrenta a un nuevo periodo de tensión política con la absolución, ayer, de Arnaldo Otegi. Su puesta en libertad sin cargos, después de una jornada plagada de incidentes, se produjo en vísperas del aniversario del "alto el fuego permanente" decretado por ETA.

Pese a que el Ejecutivo ha expresado su "respeto" a la decisión de la Audiencia Nacional, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha optado por justificar el fallo. Así, considera que la Fiscalía ha apoyado su decisión de retirar los cargos contra Otegi en razones técnico-jurídicas "poderosas". Al tiempo, ha rechazado lo que, a su juicio, son "lecturas interesadas de algo que es pura y dura normalidad" del funcionamiento de los tribunales.

Críticas cruzadas

Fernández Bermejo ha salido al paso de las críticas lanzadas desde el PP, que ha calificado la actuación de la Fiscalía de "escándalo", "indecencia", "disparate" y "vergüenza" porque "pisotea la ley y el Estado de Derecho". "Para el PP se pisotea el Estado de Derecho siempre que ocurre algo que no le gusta, pero el Estado de Derecho exigiría el respeto a los tribunales que el PP, mejor dicho, quienes en estos momentos lo dirigen desde su frustración, no están respetando", ha replicado Bermejo.

En la misma línea se ha expresado el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, quien ha señalado que la decisión del fiscal es "estrictamente jurídica", adoptada de forma "autónoma e imparcial", y sostuvo que entra dentro de la "lógica" ya que, por el mismo caso fueron absueltas otras dos personas encausadas junto a Otegi.

El secretario general de los populares, Ángel Acebes, ha incidido en la repulsa de su partido a la decisión, que ha catalogado como "tan grave o peor" que la "excarcelación" de De Juana, ha avisado de que las cesiones "no han terminado" y ha acusado al Ejecutivo de ser "cómplice" en la "tregua trampa" de ETA.

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ha expresado el "respeto" del Ejecutivo a la decisión judicial. Y al igual que el ministro de Justicia, ha aprovechado para replicar las críticas del PP. "La cuestión es la de pretender derribar a un Gobierno, debilitando al Estado para combatir el terrorismo, y para obtener de la energía que da la legitimidad que da la voluntad popular, una acción que acabe con la violencia y con uno de los problemas más importantes de nuestro país, probablemente el único que nos queda", ha continuado Moraleda.

El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha interpretado que el "tristísimo" episodio que, a su juicio, supone la decisión de la Fiscalía tenía como objetivo "tapar la boca" a la Justicia, en el marco de las "cesiones a la desesperada y sin escrúpulos" de un Gobierno que "nunca había caído tan bajo".

El "mejor abogado de ETA"

El PP no está solo en las críticas al Gobierno. El Centro Jurídico Tomás Moro ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Conde-Pumpido, y contra el fiscal Fernando Burgos por el delito de omisión del deber de perseguir delitos al haber retirado la acusación contra Otegi. De la misma forma, la Asociación de Víctimas del Terrorismo tiene previsto presentar una querella por prevaricación contra la Fiscalía, mientras que el Foro de Ermua ha convocado para este jueves una movilización frente a la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid en protesta. Además, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que considera el "mejor abogado de ETA". "Su actuación no sólo es indigna y cobarde, sino que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos", sostiene.

Reacciones del resto de partidos

En el lado opuesto, los grupos parlamentarios han coincidido al expresar el respeto a la decisión del fiscal; así, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha negado que el Gobierno esté haciendo "concesiones" a ETA y su entorno, y ha vaticinado que al final se demostrará que algunas de las cosas que se han dicho "alarmando a la ciudadanía" no son ciertas.

El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, ha afirmado que "lo hecho, bien hecho está"; la misma postura ha expresado el presidente de su partido, Josu Jon Imaz, quien ha coincidido en que se trata de una decisión jurídica "sustentada", al tiempo que ha pedido a todos hacer "un esfuerzo por mantener acuerdos de mínimos para que un eventual atentado de ETA" no pille "sin red".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, entiende que la decisión del fiscal es "lógica y esperada". "Lo paradójico por rocambolesco" fue la llegada de Otegi al juzgado, tras ser detenido en su domicilio de Elgoibar (Guipúzcoa), "para que luego no haya pasado nada".

El portavoz de ERC en el Congreso, Agustí Cerdá, se ha sumado al respeto a la absolución, que calificó como "acertada" y que puede contribuir a "distender" la situación eliminando "un elemento más de crispación".

Por su parte, la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, dijo que con la decisión de la Fiscalía "el Gobierno da pasos lógicos para un proceso de pacificación y normalización" política.

Una manifestación en protesta corta el tráfico en la Castellana

Unas 150 personas se han congregado esta tarde, convocados por el Foro de Ermua, en el número 4 de la calle Fortuny en protesta por la decisión de la Fiscalía de retirar los cargos contra Otegi. En un momento dado, un grupo de los congregados ha irrumpido en la calzada y ha obligado a cortar el tráfico en la confluencia del Paseo de la Castellana con la calle Fernando Santo.

Una decena de vehículos de la Policía Nacional custodian de manera preventiva desde antes de las ocho de la tarde los alrededores de la sede de la Fiscalía General para evitar incidentes durante esta concentración, que no cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid. Por ello, los efectivos policiales han procedido a identificar a los primeros congregados que llegaban al lugar.

Durante la protesta pacífica se han podido escuchar gritos pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.