Las empresas deberán pagar y reparar los daños causados al medio ambiente

El proyecto de ley de Responsabilidad Ambiental, aprobado hoy por el Gobierno, obligará por primera vez a las empresas españolas y extranjeras que operan en el país a pagar y reparar todos los daños causados al entorno, con independencia de si hubo "culpa o no", según la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Tras el Consejo de Ministros y acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Narbona ha dicho que la nueva ley hará efectivo el principio de "quien contamina repara", que va más allá de "quien contamina paga", y que pondrá énfasis en la restauración total de los recursos naturales.

En consecuencia no será suficiente con una mera indemnización dineraria. La aplicación de la ley, ha informado, afectará a 5.000 empresas industriales, a más de un millón explotaciones agrarias, a 30.000 empresas de transporte y a más de mil empresas mineras.

Reparación total del daño, con o sin culpa

Según Narbona se trata de una ley de responsabilidad "objetiva", es decir, la responsabilidad no dependerá "de si ha habido culpa o no": se obliga a reparar los daños ocasionados aún cuando no haya comisión de infracción administrativa y se actúe de modo respetuoso con la normativa medioambiental.

Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad, se les exigirá que cuenten con una garantía financiera, que se introducirá de forma gradual a partir del 2010.

Otro aspecto novedoso de la ley es el carácter ilimitado de la responsabilidad medioambiental: obliga a reparar en su integridad y con independencia de cuál sea la cuantía económica a la que ascienda dicha reparación. En el capítulo de sanciones se imponen multas de hasta dos millones de euros y/o suspensión de actividad.

Tras recordar que España es uno de los países europeos con mayor riqueza natural -el 25 por ciento de su territorio forma parte de la Red Europea Natura 2000-, la ministra explicó que también es un país en el que "ha prevalecido la desidia y la tolerancia excesiva hacia los delitos ambientales".

Se reforzará la prevención

Esta ley, que traspone la directiva europea cuya entrada en vigor se producirá el 30 de abril de 2007, también persigue reforzar el principio de "prevención" para evitar que las agresiones ambientales lleguen a producirse. Para ello, obliga a los operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de prevención que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.

Los bienes protegidos por la ley son bienes de naturaleza medioambiental y quedan expresamente excluidos de su ámbito los denominados daños tradicionales, es decir, aquellos que afectan a los particulares y a sus bienes. Los recursos naturales protegidos son el agua, la costa, el suelo y los hábitats naturales protegidos, así como las especies silvestres protegidas.