El espíritu práctico del nuevo Estatuto

Máximo consenso político, máxima ambición competencial y máximo respeto constitucional eran tres de los objetivos que como presidente de la Junta de Andalucía me marqué en su momento a la hora de afrontar la tarea de sacar adelante un nuevo Estatuto de Autonomía.

En un día tan singular como hoy, 28 de Febrero, debo decir en primer lugar que me siento orgulloso de lo que hemos conseguido entre todos, y en este todos no incluyo únicamente a los partidos políticos, sino también al apretado número de asociaciones e instituciones civiles, agentes sociales, representantes económicos o expertos profesionales que, durante el proceso de elaboración del Estatuto, formularon opiniones, plantearon objeciones o sugirieron formulaciones dirigidas en todos los casos a mejorar el texto, a hacerlo más abierto, más seguro y más democrático.

No creo engañarme, por otra parte, al suponer que alcanzar los topes máximos en consenso o incluso en competencias tiene también sus contrapartidas y contrapesos, sus riesgos y sus costes. En política no hay ninguna fórmula cuya eficacia sea del cien por cien: por decirlo humorísticamente, si la hubiera, es seguro que se sabría. Y, sin embargo, si tuviera que volver atrás, volvería a dar básicamente los mismos pasos. ¿Cosas que se podrían mejorar? Del texto estatutario propiamente, creo que muy pocas. De las demás, es difícil saberlo, pero como sobran voluntarios para vocearlas a los cuatro vientos, les cedo gustosamente la vez.

Mi sincera opinión es que entre todos hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho un trabajo jurídicamente muy sólido y políticamente muy avanzado que da cabida a todo el arco de sensibilidades ideológicas andaluzas. En realidad, es difícil que un andaluz que tenga fe en Andalucía se sienta incómodo ante este Estatuto: es difícil porque se trata de un texto muy pegado al terreno, muy pendiente de esos nuevos problemas que hacen su aparición en los umbrales del siglo XXI y muy atento, en fin, a implantar en el tejido institucional andaluz nuevos órganos, herramientas y competencias con los que afrontar eficazmente las próximas décadas.

Un ejemplo de ese buen trabajo y de esa sensibilidad estatutaria ante los nuevos tiempos lo constituyen, sin ir más lejos, las múltiples referencias a la mujer, cuyos derechos están fuertemente blindados en este Estatuto, de manera que su aplicación y desarrollo efectivo dejan de ser una mera potestad gubernativa, es decir, dejan de ser discrecionales para convertirse en imperativos, lo cual supone un sustantivo avance. Así, el nuevo Estatuto garantiza expresamente la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres; prescribe que los planes de educación incorporen valores de igualdad entre hombres y mujeres; apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar; señala que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas y asistenciales, así como ayudas públicas; establece el principio de representación institucional equilibrada de hombres y mujeres o promueve la puesta en marcha de acciones positivas contra la discriminación por razones de sexo. Se trata, en definitiva, de instrumentos que sirven, ante todo, para mejorar la vida de la gente.

El anterior Estatuto, junto con la propia Constitución Española, instauraron los grandes derechos sociales y políticos que nos habían sido arrebatados por largas décadas de dictadura. El Estatuto del 81 y la Constitución del 78 normalizaron políticamente a Andalucía y a España, las homologaron con las sociedades democráticas de nuestro entorno europeo. Con el Estatuto de Carmona y la Constitución Española dejamos –¡al fin!– de ser diferentes.

Lo urgente entonces era ser normales. Lo urgente hoy es ser mejores: mejores en derechos, mejores en garantías, mejores en competencias, mejores en atención social, mejores en protección ambiental, mejores en transparencia institucional y mejores en control democrático. El nuevo Estatuto no nos garantiza que vayamos a ser efectivamente mejores, pero nos permitirá y nos ayudará a serlo si somos capaces de utilizar adecuadamente el valioso instrumental jurídico y político que el nuevo texto pone en nuestras manos.

De hecho, ya nos hemos puesto a la tarea urgente de dar contenido efectivo a las previsiones estatutarias, a la importante tarea de demostrar que la reforma era una reforma necesaria y que el nuevo Estatuto está bien pensado y sirve bien para lo que está pensado. La agenda para el día después ya está en marcha: vamos a afrontar de manera inmediata cuestiones como la configuración de los nuevos órganos bilaterales Junta-Gobierno central, la cuantificación de la deuda histórica, el impulso de la Agencia Tributaria, la configuración del derecho a la renta básica o la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos.

Estamos, en definitiva, dispuestos a dar impulso y contenido al nuevo Estatuto de forma enérgica e inmediata: es nuestra manera de dar continuidad a la tarea reformadora que comenzamos a impulsar por primera vez allá por el verano del año 2001, casi recién estrenado el nuevo siglo. Es nuestra manera de demostrar que el nuevo Estatuto tiene un fuerte espíritu práctico y que va a servir perfectamente para lo que estaba pensado: para mejorar.